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El proceso para el fin del terrorismo

Los jueces desoyen a los fiscales

La decisión del Tribunal Supremo de anular la absolución de Atutxa constituye otra muestra de la divergencia de criterios entre la Judicatura y la Fiscalía en los avatares del proceso de paz. Mientras ayer la Fiscalía pedía la confirmación de la absolución de Atutxa, Knörr y Bilbao, en aplicación de la inviolabilidad, el Supremo apuntó en la dirección contraria y ordenaba al Tribunal Superior determinar si los tres acusados incurrieron en delito de desobediencia.

Otro de los más recientes encontronazos lo protagonizó el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al etarra Iñaki Bilbao, que en su sentencia se quejó abiertamente de que la Fiscalía redujese a dos años los 12 que pedía inicialmente.

Tampoco gustó a los jueces de la Audiencia Nacional que la Fiscalía alcanzase un pacto con la defensa de los acusados en un proceso por kale borroka que, en sentencia de conformidad, redujo a dos años por cabeza los 400 que se aprestaba a imponer el tribunal.

Los desencuentros, agudizados a medida que avanza el proceso, tuvieron su punto crítico cuando el juez Fernando Grande-Marlaska ocupaba accidentalmente el juzgado de Baltasar Garzón. Marlaska encarceló, en contra del criterio del fiscal, a los dirigentes de Batasuna Juan Maria Olano y Juan José Petrikorena y fijó fianza para Rafael Díaz Usabiaga y Pernando Barrena. En cambio, denegó la prisión incondicional de Otegi cuando el fiscal la pidió y posteriormente el fiscal no la propuso, y el juez tuvo que limitarse a decretar una fianza de 250.000 euros, aunque Otegi acabó ingresando en prisión temporalmente.

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