Pagar por haber pagado

Fui a la oficina del administrador de fincas a recoger un certificado que había solicitado días antes. El certificado debía declarar que estaba al corriente de mis pagos en cierta comunidad de propietarios. Pero, una vez preparado el documento, el administrador intentó cobrarme treinta euros. Yo me negué. Supuse que haber pagado puntualmente las cuotas de la comunidad durante dos décadas me daba derecho a que el administrador reconociera el correcto estado de mis cuentas y a que tal reconocimiento no desencadenara ningún gasto añadido. Este razonamiento se interpretó como un casus belli. El administrador exhibió toda su jerga jurídica con la intención de intimidarme. Me dijo que cobraba los certificados porque así lo autorizaba una norma de la Diputación Foral. Me enseñó la norma. Yo expuse mi opinión sobre la Diputación Foral, pero el administrador evitó las elucubraciones políticas: o le pagaba lo que pedía o no había certificado.

Me resigné al chantaje. Declaré que iba a pagar la suma, pero a cambio de un recibo, una factura y una hoja de reclamaciones. El administrador dijo que no había preparado una factura y que no disponía de hojas de reclamaciones, pero repitió que la Diputación Foral le autorizaba a cobrarme. Yo repetí lo que opinaba de nuestra Diputación Foral (utilizando en esta ocasión vehementes adjetivos de índole anarquista) y exigí de nuevo un recibo por el pago, una factura por el servicio y una hoja de reclamaciones por mi perplejidad. La Diputación es muy libre de acordar con colegios profesionales, corporaciones mercantiles o grupos de presión las componendas que considere oportunas pero, en tanto no obre dentro de sus competencias tributarias o sancionadoras, no puede comprometer mi patrimonio, de modo que yo no iba a pagar a una persona sólo para que declarara que no le debía dinero. Y de pronto, como si la amenazadora presencia de la Diputación Foral se hubiera evaporado, el administrador me dio el certificado, me devolvió mi dinero y yo (hay que reconocer que sin la más mínima coherencia con la línea argumental antecedente) le di entonces las gracias.

La intimidación jurídico-administrativa es una de los ejercicios más extendidos y más indignos de la vida pública, un efecto del que se valen no sólo las administraciones sino también los grupos de presión con capacidad de negociación ante aquellas. Son miles los bienes inmobiliarios que se transmiten diariamente y decenas de miles, en consecuencia, los euros expropiados a las gentes a cuenta de esa absurda imposición, por parte del poder público, que obliga al pago por un documento donde un empresario privado dice que una persona privada no debe dinero a una comunidad de propietarios. Gracias, Diputación, por tutelar al más débil de los tres.

En condiciones normales, este tipo de maniobras nunca tendría la más mínima posibilidad de prosperar -a cualquier individuo que nos exigiera dinero por manifestar que no le debemos nada le llamaríamos caradura sin anestesia ninguna-, pero cobra una inusitada eficacia cuando son fruto del contubernio entre las autoridades públicas y los grupos de poder corporativo o empresarial. Lo peor es que la impunidad con la que actúan radica en uno de los peores lastres de la democracia moderna: que los ciudadanos no tienen tiempo para gestionar sus propios asuntos, por lo que se ocupan de ellos en las estrechas rendijas que les deja un horario laboral atosigante. Los grupos organizados cuentan con todo el tiempo del mundo para planificar nuevos robos y asaltos, mientras que sus víctimas, para contrarrestarlos, tienen poco tiempo, poca energía y ninguna fe en las instituciones.

Nada más lejos del ánimo del que escribe que incitar a la rebelión civil pero, si usted precisa un documento de esa naturaleza, hágase justicia a sí mismo y resístase a esa gabela medieval. Y ello al margen de que la Diputación correspondiente invista a los administradores de fincas de toda clase de legitimidades para cobrar peajes indignos. Porque los administradores de fincas votan en las elecciones forales, cierto, pero convendría tener presente que también votamos los demás.