Los ecologistas llevan al juzgado la ampliación del polígono del Serrallo

El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) y La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació han acordado el inicio de acciones jurídicas contra las ampliaciones del polígono energético El Serrallo de Castellón solicitadas por Iberdrola, UBE y BP Oil. Ante la pasividad de la Consejería de Territorio y de los ayuntamiento afectados, Castellón y Almassora, ambos colectivos han decidido acceder a la vía judicial ante "la necesidad de garantizar la salud y la seguridad de las personas", ya que las ampliaciones previstas no cumplen las distancias de seguridad entre los cascos urbanos y las industrias peligrosas que marca la ley.

El Ayuntamiento de Almassora, gobernado por el PP, incluso solicitó la paralización de la ampliación de BP ya que las nuevas instalaciones se ubicarán apenas a 200 metros de un grupo de viviendas. Los socialistas exigieron la misma medida para Iberdrola, cuya planta está dirigida por el propio alcalde de Almassora. Mientras, el PP de Castellón, cuyo portavoz en el ayuntamiento es empleado de BP, no ha adoptado ninguna medida pero sí ha otorgado las licencia solicitadas.

"Efecto dominó"

Pese a que fuentes de la Consejería de Territorio anunciaron su decisión de paralizar las ampliaciones hasta la elaboración de una auditoría medioambiental, la reunión en la que se iba a trasladar la postura del consejero Esteban González Pons se ha aplazado tres veces y sigue pendiente y sin fecha. Así, los colectivos han decidido iniciar el camino judicial pidiendo a otros colectivos sociales de Castellón, Almassora y Burriana su adhesión pública "a esta lucha contra las ampliaciones del Serrallo", cuando "el peligro es el denominado de efecto dominó si tenemos en cuenta que un accidente grave en una de las empresas podría afectar al resto con el consiguiente aumento de las consecuencias del mismo".

Para preparar la acción judicial, han solicitado al Ayuntamiento de Castellón las primeras licencias de actividad de implantación como de las posteriores ampliaciones, para conocer las condiciones y las medidas correctoras a aplicar que la administración competente exigió en su momento a las empresas para poder implantarse a menos de 2.000 metros del casco urbano de El Grao. En el escrito remitido al consistorio se incluye la solicitud de información sobre los planes de emergencia interior y exterior de las empresas así como el plan de emergencia municipal, si existe.

También se preguntará por la falta de control de las emisiones atmosféricas y por "la desinformación medioambiental y de seguridad" ante el derecho al acceso de la información medioambiental y sanitaria a los ciudadanos, "algo que se viene incumpliendo sistemáticamente desde hace tiempo por la Consejería de Territorio", según un comunicado remitido por los colectivos.