Los jueces de violencia condenan a 16.000 maltratadores en un año

Los juzgados de violencia contra la mujer, puestos en marcha en junio de 2005, recibieron 148.448 asuntos y condenaron a 16.036 maltratadores en su primer año de funcionamiento. En los más de 80.000 procesos iniciados, se investigaron principalmente lesiones (45%), delitos contra la libertad (13%) y contra la integridad moral (8%). Las víctimas solicitaron 35.525 órdenes de protección, de las que se concedieron 27.336.

Los 21 juzgados específicos de Violencia contra la Mujer y los 417 que comparten esa atribución con otros asuntos comenzaron su andadura el 29 de junio de 2005. El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial estimó que los nuevos órganos recibirían al año unas 120.000 denuncias, pero el cálculo se quedó corto por cerca de 30.000 asuntos. Hasta el pasado 30 de junio, esos juzgados tramitaron un total de 148.448 denuncias. Tres de cada 10 denunciados fueron extranjeros, según los datos del Observatorio.

Los hechos denunciados se encuadraron en casi la mitad de los casos en delitos de lesiones (45%). El 13% fueron delitos contra la libertad (detenciones ilegales, amenazas, coacciones) mientras que en el 8% de los casos se atentaba supuestamente contra la integridad moral de la víctima (torturas, violencia física o psíquica). El resto de las supuestas infracciones eran supuestos delitos contra los derechos y libertades familiares (abandono de familia, sustracción de hijos o impago de la prestación a favor del cónyuge).

Las casi 150.000 denuncias dieron lugar 81.543 procesos penales de los que 47.905 correspondieron a maltrato de obra o lesiones en el ámbito familiar y 15.552 a menoscabo psíquico de la víctima. En 7.377 procesos se juzgó al presunto agresor por violencia física habitual contra la víctima, mientras que en 5.628 esa violencia fue psíquica. En 5.081 procesos, el delito enjuiciado fue el de lesiones.

Para impedir nuevas agresiones y regular las relaciones entre agresor y víctima, los titulares de esos órganos acordaron 27.366 órdenes de protección (el 77% de las 35.525 que se solicitaron). La mayoría de las mujeres que las pidieron eran españolas (70%) y mayores de edad (97%). En 1.026 casos, las solicitudes provinieron de víctimas menores de edad. Las medidas penales preferidas por los jueces en esas órdenes fueron, por este orden, el alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de tenencia y uso de armas al agresor y, por último, su ingreso en prisión. Entre las medidas de orden civil destacó la atribución de la vivienda a la víctima, la obligación de contribuir a los gastos de los hijos y la regulación de la custodia y el régimen de visitas de los hijos comunes.

El número de sentencias dictadas por los nuevos juzgados en su primer año de existencia ascendió a 20.132, alrededor de un cuarto de los procesos iniciados. Cuatro de cada cinco terminaron con la condena del agresor (11.006 españoles y 5.030 extranjeros). Los juicios que terminaron en absolución para el acusado fueron 4.113.