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La juez investiga el uso privado de móviles del Consistorio de Orihuela

Los juzgados retoman la instrucción de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción

La titular del Juzgado número 3 de Orihuela retomó ayer la instrucción de una de las 15 causas secundarias de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Orihuela por ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Consistorio. La juez investiga adjudicaciones ilegales por parte del alcalde, José Manuel Medina, del PP, el uso de móviles públicos por personal ajeno, y una apropiación indebida del ex interventor.

La magistrada activó la instrucción de la causa por malversación de caudales públicos de la denuncia general de la Fiscalía Anticorrupción con el interrogatorio, en calidad de testigo, del edil de Los Verdes, Monserrate Guillén. En la declaración estuvo presente el titular de ese departamento del ministerio público, Felipe Briones.

La juez también había citado, en este caso como imputado, al ex interventor, José Manuel Espinosa. Éste, testigo de cargo del fiscal, no compareció por motivos de salud. El funcionario fue denunciado por el Consistorio tras admitir que se apropió de 30.000 euros de las arcas públicas.

El concejal de Los Verdes ratificó ante la juez su anterior declaración al fiscal. "Está claro que el alcalde adjudicó contratos millonarios de obras y servicios a empresas de manera ilegal", dijo Monserrate. "Algunas de las adjuraciones se aprobaban cuando las obras o servicios ya estaban ejecutados, como es el caso de la iluminación de las calles con motivo de la Navidad de 2005", añadió. El concejal también mantuvo su denuncia sobre el supuesto uso de los teléfonos móviles del Ayuntamiento por personas ajenas a la Corporación. "Tenemos constancia de que, en algunos momentos, los teléfonos públicos del Ayuntamiento han sido utilizado por personas ajenas, es decir, distintas a concejales y funcionarios", aseveró Monserrate.

A partir del lunes, día 6, los jueces iniciarán la instrucción de otras cuatro causas de la denuncia de la Fiscalía. En concreto, los magistrados practicarán diligencias, la mayoría pruebas testificales -de acuerdo con la propuesta del fiscal para esta primera fase de la investigación- sobre las supuestas facturas falsas que presentó a cobro la firma Necso, concesionaria del servicio de recogida de basuras. La segunda causa hace referencia al pago, mediante decretos de la alcaldía, de 8 plazas en aparcamiento privado de la población para uso de los jueces. La tercera está relacionada con los mandamientos de pagos. El ex interventor sostiene que la ex edil Encarna Galiano abandonó el cargo sin justificar mandamientos de pago por valor de 22.000 euros. Galiano fue edil en el mandato de 1999-2003 y, en la actualidad, es asesora del área de Infraestructuras del alcalde. El cuarto sumario hace referencia al pago, también mediante decreto del alcalde, de una minuta de 6.000 euros a un abogado para un asunto ajeno al Ayuntamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de octubre de 2006