Los sindicatos proponen retrasar la entrada de rumanos y búlgaros al mercado de trabajo

Los dos grandes sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT, han pedido al Gobierno que ponga en marcha una moratoria como la que han anunciado otros países de la UE para que los ciudadanos rumanos y búlgaros no obtengan directamente permiso de trabajo el 1 de enero de 2007, cuando obtendrán automáticamente el de residencia como miembros de la UE. "Posiblemente habría que establecer un periodo transitorio", señaló José María Fidalgo, de CC OO, un sindicato que teme "fuertes movimientos" de rumanos. Cándido Méndez, de UGT, apoya una moratoria "breve".

El Gobierno aún no ha tomado una posición definitiva en un debate que se vive estos días en el seno de la UE. Muchos países grandes y con gran presión migratoria, como el Reino Unido, ya han anunciado que establecerán la moratoria. Otros, como Suecia, no tienen ninguna intención. España tiene una importante presencia de rumanos (189.000 con tarjeta de residencia y otros 193.000 que figuran como empadronados y, por tanto, podrían ser irregulares. Hay 55.000 búlgaros regulares). El idioma latino de los rumanos convierte en más atractivos los destinos italianos y españoles.

Tanto Italia como España dudan sobre cómo afrontar el problema. El Ministerio de Trabajo, que dirige Jesús Caldera, no ha tomado aún una posición, aunque ya se han producido los primeros contactos exploratorios. El miércoles hubo un primer encuentro entre Trabajo, los sindicatos y la patronal. Allí fue donde los sindicatos, especialmente CC OO, dejaron clara su apuesta por la moratoria.

José María Fidalgo expresó ayer con claridad esta posición en Radio Nacional. "El día 1 de enero, cientos de miles de rumanos que viven aquí, digamos que pueden dejar de ser, entre comillas, sin papeles. Yo creo que hay que discutir seriamente esto y posiblemente habría que establecer un periodo transitorio como han establecido otros países para ese colectivo".

En realidad, nadie ha establecido aún nada. Fuentes comunitarias aseguran que el posicionamiento inicial de los distintos países apunta a que un grupo de cinco (Finlancia, Estonia, Eslovaquia, Chipre y Polonia) no aplicarán restricciones, otro grupo si lo hará (Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo) mientras un tercero lo hará con matizaciones (Italia, Grecia, Holanda, Hungría, Portugal, Irlanda y Reino Unido).

Integración social

Fidalgo dio sus razones y se mostró partidario de la contratación en origen. "No podemos dejar pasivamente que sea un modelo de contratación barata para empresarios que no son muy competitivos, cuyos costes los paga un sector público que está muy debilitado en forma de políticas educativas, políticas sanitarias, porque ni se producirá entonces la integración laboral correcta ni se producirá la integración social".

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, mostró una línea similar, pero con expresiones más moderadas. Abogó por el establecimiento de una "moratoria flexible y de corta duración". Méndez explicó a EL PAÍS que no teme que se produzca una "avalancha de rumanos", pero entiende que éste es un asunto en el que todos los países europeos deben llegar a un consenso. Visto que hay varias naciones que apuestan por esa moratoria, Méndez considera sensato que España se sume a esta posición, pero trate de influir para que sea "flexible y corta".

El líder de UGT cree que hay que atender a las peticiones de los países que están más cerca de la frontera rumana. "Igual que España quiere que se atiendan nuestras peticiones en política migratoria, debemos hacer caso a lo que nos reclaman los países más próximos a los nuevos miembros", argumentó.

Julio Ruiz, secretario de migraciones de CC OO, presente en esa primera reunión negociadora, explica qué es lo que preocupa realmente a su sindicato: "Consideramos prudente el periodo transitorio, en línea con otros países, porque tememos que, si no se hace, podría producirse un movimiento cuantitativamente importante que genere desequilibrios en el mercado laboral español".

Preguntado sobre la posibilidad de que esta decisión condene a las decenas de miles de rumanos y búlgaros que ya viven en España irregularmente a seguir en esa situación, Ruiz explica: "No hay que confundir. Todos estos ciudadanos tendrán permiso de residencia automáticamente, ya no serán irregulares. Lo único que estamos pidiendo es que necesiten un permiso de trabajo. No queremos condenar a nadie a trabajar irregularmente, los que ya están aquí podrán volver a su país para buscar la contratación en origen, donde tendrán preferencia como miembros de la Unión Europea".

Ruiz explica que el objetivo principal de esta medida es evitar fuertes movimientos de extranjeros. Sin embargo, Fidalgo, su jefe, aludió expresamente en sus declaraciones a los que residen ya en España de manera irregular. Ésos serían los principales afectados por la moratoria.

Aunque coincide con la moratoria, Cándido Méndez quiere disipar cualquier temor. "No creo que haya ninguna avalancha de rumanos. En Europa ya se dijo eso cuando se incorporaron los primeros ocho países de la ampliación, y no pasó nada".

Trabajo no quiere pronunciarse oficialmente y sólo apuesta por una solución "de consenso" con sindicatos y empresarios. Fuentes de la negociación recuerdan, sin embargo, que cuando España entró en la UE en 1986 también había temores en otros países a una invasión de españoles. Y nunca sucedió.