El PP apoya como candidato a Fabra sin que haya aclarado su presunto fraude fiscal

El PP ha reiterado su respaldo, al margen de su código ético, para que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal, no sólo siga en su puesto, sino que forme parte de la candidatura en las próximas elecciones municipales. El vicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, le han apoyado cuando aún no ha dado explicaciones sobre un supuesto fraude de 149.000 euros en 1999.

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, alegó ayer, en las Cortes autónomas, que el único partido que presenta como candidato a un imputado es el PSPV, en referencia al municipio alicantino de Elda. Sin embargo, de ejecutarse el apoyo, Camps habrá de rectificar su afirmación.

Pese a que hasta ahora el PP mantenía como una incógnita si Fabra repetiría como candidato en la lista del PP de Castellón, ha sido él quien ha manifestado su "disponibilidad" para ocupar un puesto que, además, él mismo ha detallado: "Primero el candidato a alcalde, después una señora y después yo". Una vez expuesta su intención, la respuesta del candidato a la alcaldía y presidente del PP local, su tocayo Alberto Fabra, ha sido que el imputado "está legitimado para ir en la lista donde él quiera ir. Y si quiere repetir en Castellón, repetirá". De momento, el PP ya le ha permitido controlar la campaña electoral, ya que él mismo será responsable de la misma.

La declaración de 1999

Mientras, el juzgado número 1 de Nules mantiene abierta la investigación por los presuntos delitos que se le imputaron de oficio y por un posible fraude a la Hacienda Pública, basado en un informe de la Agencia Tributaria sobre su declaración de 1999. Aquel año, Fabra, con la mitad indivisa de un piso, varias parcelas, dos coches, acciones en ocho entidades bancarias y sociedades y un sueldo de más de 72.000 euros, presentó una declaración por la que le devolvieron casi 3.000 euros.

El informe de la Agencia Tributaria sostiene una cuota presuntamente defraudada de más de 149.000 euros, además de ingresos en efectivo por valor de 300.000 euros de los que no se ha explicado el origen. Fabra no ha respondido por estos ingresos realizados en cantidades que, en la mayoría de las ocasiones, no superaban los 3.000 euros. La Audiencia de Castellón dio vía libre a que se investigara su patrimonio y el de su familia. Y poco a poco al juzgado van llegando notas informativas remitidas por los Registros de la Propiedad de Albocàsser, Alcoi, Castellón, Valencia, Ibiza y Madrid, e informes de más de una treintena de bancos.

De todas formas, aún están pendientes de acordar más de 20 pruebas y las declaraciones de cuatro ex ministros de Aznar, así como la localización del ex secretario de Estado de Comunicación de Aznar, Alfredo Timmermans, del que no consta ningún dato en España, ya que se encuentra trabajando para Telefónica en Nueva York.