Los ecologistas bloquean las obras del puerto deportivo de Altea

Las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea continúan cuatro meses después de que el Consell las paralizara. Representantes de las asociaciones WWF/Adena y Ecologistas en Acción bloquearon durante media hora la entrada de vehículos a las obras, que según calcularon, han ganado 12.000 hectáreas al mar en una plataforma artificial que ha sepultado parte de las praderas de Posidonia oceanica.

Los colectivos ecologistas culpan al consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, de no hacer cumplir la ley, una denuncia que hicieron extensiva al jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, ya que la ampliación del puerto se realiza en zona de dominio marítimo terrestre que el Ministerio de Medio Ambiente cedió a la Generalitat. "La adjudicataria del puerto tenía que haber superado unos requisitos previos a la realización de las obras, como era el trasplante con éxito de la Posidonia. Las pruebas realizadas han fracasado, porque en siete meses murió el 85% de la vegetación. Es en este momento cuando la Generalitat debería impedir esta barbaridad y, en caso de no hacerlo, Costas anular la adscripción y volver a tener de nuevo los terrenos", explicó Miguel Ángel García, portavoz de los ecologistas.

El proyecto de ampliación del puerto prevé duplicar el actual número de amarres, de 540 a 1.064 en un entorno de gran presión urbanística en los acantilados del Mascarat, que separan Altea de Calpe. El alcalde de Altea y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Miguel Ortiz, fue uno de los grandes defensores del proyecto, impulsado en época de Eduardo Zaplana, hace ocho años, y que siempre ha topado con la oposición de los ecologistas, que alegan motivos medioambientales. "Ortiz anunció la regularización de un hotel ilegal hace ocho años en esta zona, donde había una cala casi virgen, y ahora su amigo Ballester ha levantado una urbanización que culminará con el complemento del puerto", denunció García.

Marina Greenwich fue la empresa adjudicataria, en una polémica tramitación que los ecologistas han recurrido al Tribunal Superior de Justicia. El principal problema que se encontró para su proyecto fueron los estudios de impacto ambiental, dada la riqueza ecológica del paraje, con 400 especies vegetales diferentes y 1.000 especies animales, en una zona declarada Lugar de Interés Comunitario por la Unión Europea.

Las praderas de Posidonia en peligro ocupan 40 hectáreas, el equivalente a 60 campos de fútbol, aunque el ritmo de las obras está provocando que gran parte de esta riqueza desaparezca. "Además de lo que ya se ha sepultado la arena ha ensombrecido el agua y si está en tres meses turbia las plantas ya no pueden realizar la fotosíntesis y mueren", lamentó el ecologista.