El fin de una anomalía

Con la incorporación definitiva del PP al consenso en la reforma del estatuto de autonomía para Andalucía se ha puesto fin a una anomalía histórica. En Europa, tras la segunda guerra mundial, las normas constitucionales, y los estatutos de autonomía lo son, han sido normas compartidas por los distintos agentes significativos en el sistema o subsistema político en el que operan. Esta ha sido la razón principal por la que la democracia se ha asentado de manera definitiva en nuestro continente. El acuerdo general sobre las reglas de juego ha sido una regla no escrita, pero no por ello de cumplimiento menos inexorable en todas las experiencias auténticamente democráticas.

Esta regla no ha estado presente en el proceso de constitución primero y de imposición práctica después del sistema autonómico andaluz. El estatuto andaluz no fue el resultado de un acuerdo voluntariamente alcanzado entre todos los partidos políticos que después han tenido que aplicarlo. El partido representativo del centro derecha español, UCD, participó formalmente en su elaboración, pero no materialmente. Su proyecto político era otro completamente distinto. Tuvo que aceptar el resultado final, porque no podía hacer otra cosa, pero nunca consideró que el estatuto era suyo. En todo caso, dado que UCD se disolvería casi inmediatamente después de la entrada en vigor del Estatuto, es prácticamente nada lo que ha quedado de ella en la norma constituyente andaluza.

Menos todavía ha tenido del otro componente de la derecha española, AP, refundado en 1989 como PP, que estuvo en contra no del estatuto andaluz sino de la Constitución española en todo lo referente al ejercicio del derecho a la autonomía hasta la refundación de 1989. Esa ausencia del momento fundacional de la autonomía andaluza no se le ha dejado de notar hasta hoy. A eso se ha debido que no fuera capaz de aprovechar la terrible crisis por la que pasó el partido socialista en la década de los noventa del siglo pasado.

Parecía que el PP iba a volver a cometer el mismo error que cometió UCD en 1980 y que iba a quedarse fuera de la reforma estatutaria. Pero, afortunadamente, no ha sido así y, al final, aunque a trancas y barrancas, se ha incorporado al consenso reformador.

Tengo la impresión de que esta incorporación del PP y la simultánea autoexclusión del PA del consenso reformador puede tener profundas repercusiones en la vida política andaluza. El PP puede verse considerablemente fortalecido y conseguir acabar representando a un buen número de votantes andalucistas, con lo que es más que probable que pueda aproximarse electoralmente al PSOE. Especialmente, si el deterioro del PA se hace muy visible en las próximas elecciones municipales de mayor de 2007. Si así fuera, el marco en el que se celebrarían la elecciones autonómicas de 2008 sería sensiblemente distinto del que se podía prever hace solo unos meses.

El PP va a competir de ahora en adelante en Andalucía mejor de lo que lo ha hecho. La falta de credibilidad en su condición de partido andaluz, de partido comprometido con el ejercicio del derecho a la autonomía en nuestra tierra, no va a desaparecer por completo de manera inmediata, pero sí se va a mitigar bastante. Después de lo ocurrido esta semana en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados hay andaluces que hasta el momento se negaban siquiera a tomar en consideración cualquier propuesta que viniera del PP, que empezarán a cambiar de posición.

Creo que es bueno para el PP, pero que también es bueno para todos. Un sistema político, para que funcione bien, exige que haya competitividad en su interior, que haya incertidumbre en el resultado electoral. Nada de eso ha habido en los últimos veinticinco años. Ya son muchos. Es lo que podría haber continuado habiendo, si el PP se hubiera quedado fuera de juego. Afortunadamente no ha sido así. El patio político se anima. Me imagino que todos los partidos van a tener que ajustar sus discursos para los próximos tiempos.