Anticorrupción investiga a una decena de ayuntamientos por escándalos urbanísticos

La Fiscalía Anticorrupción investiga a una decena de ayuntamientos españoles, principalmente de zonas turísticas, sobre los que mantiene abiertas diligencias penales por graves delitos de corrupción urbanística. Las recalificaciones del suelo, la adjudicación de obras públicas y la concesión de licencias de construcción generan millonarios beneficios, y con ellas han proliferado las conductas corruptas entre responsables municipales. Marbella es el caso más grave, pero no el único. Anticorrupción actúa contra Manilva, Telde, Camas, Seseña, Ciempozuelos, Calvià y Santa Cruz de Tenerife, entre otras diligencias secretas. Además, juzgados y fiscalías provinciales investigan decenas de casos más por pelotazos urbanísticos.

Un suelo rústico que pasa a urbanizable o una licencia para aumentar la altura de un edificio son gestiones con las que un ayuntamiento puede favorecer a un constructor con millones de euros. Con la explosión urbanística, la corrupción se ha disparado. El mapa de las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción demuestra que los principales casos se dan en la costa, pero que hay metástasis en el interior. Los procedimientos duran años y las sentencias, si llegan, lo hacen con las ilegalidades consumadas.

- Marbella. Esta localidad malagueña se lleva la palma en número de diligencias de Anticorrupción y en volumen de fraude. En 1997, la Fiscalía imputó por primera vez a los miembros de la corporación municipal por un presunto delito de ordenación del territorio, y desde entonces las diligencias se acumulan. En la actualidad, sobre ex alcaldes y ex concejales de Marbella penden 40 procesos por irregularidades urbanísticas y por el saqueo continuado del Ayuntamiento. La fiscalía especial está volcada en la Operación Malaya, el mayor escándalo de corrupción de España, en el que toda la corporación está imputada por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación urbanística y delitos fiscales. Sólo en 2006 Anticorrupción ha abierto en Marbella cinco diligencias por delitos fiscales y de blanqueo relacionados con el urbanismo, dos de las cuales están declaradas secretas.

La Fiscalía de Málaga achaca a la Audiencia Provincial la lentitud de los procedimientos contra el Ayuntamiento, ya que la Audiencia planteó un contencioso sobre qué plan de ordenación debía aplicarse. Mientras se resolvía la cuestión, los procedimientos penales se paralizaron, con lo que se acumulan retrasos de años.

- Ciempozuelos. La última investigación de Anticorrupción se abrió hace días después de que Andorra comunicase al Banco de España una sospechosa operación monetaria. Dos españoles habían ingresado un millón de euros en un banco del principado. Los dos protagonistas eran Pedro Torrejón, el dimitido alcalde de Ciempozuelos (Madrid), y Joaquín Tejeiro, ex regidor de esta localidad entre 1991 y 1995, ambos socialistas. Torrejón ingresó 800.000 euros, y Tejeiro 116.000. El dinero fue retirado de la cuenta después de comenzada la investigación. El PSOE forzó la dimisión del alcalde al conocer la existencia de irregularidades en el plan de urbanismo, que prevé una recalificación masiva de suelo.

- Seseña. En julio, Anticorrupción abrió diligencias por la macrourbanización que levanta en Seseña (Toledo) el constructor Francisco Hernando, El Pocero. Se trata de una ciudad de 13.508 casas en bloques de 10 pisos, apoyadas por los grupos de PSOE y PP. El constructor compró el 44% de las 180 hectáreas de la urbanización 14 días antes de la recalificación. El actual alcalde, Manuel Fuentes, del IU, llevó el caso a la fiscalía.

- Manilva. Los escándalos urbanístico se suceden a lo largo de la Costa del Sol. En Manilva (Málaga), Anticorrupción investiga al alcalde, el independiente Pedro Tirado, y a ocho concejales por supuesto trato de favor a promotores. Una inmobiliaria compró un solar por 9,6 millones en 2003 y lo vendió por 101,6 en 2004. El beneficio fue de 92 millones en sólo un año.

- Tenerife. En Canarias, la fiscalía actúa en el caso de Las Teresitas. Allí, investiga una denuncia según la cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria y PP) compró en 2001 unos terrenos por el doble de lo que le habían costado a dos empresarios tres años antes. El sobreprecio superó los 50 millones, según la denuncia.

- Telde. En Gran Canaria, un juzgado de Telde tramita la Operación Faycan, otra trama de corrupción en la que están imputados empresarios y políticos como la concejal de Obras, María Antonia Torres, del PP; su marido, Enrique Orts; y el interventor municipal, y su asesor, Francisco Gordillo, que supuestamente participaron en el cobro de comisiones del 20% de las obras que adjudicaban.

- Camas. En Sevilla, la fiscalía especial está presente en el caso Camas, en el que el alcalde de la localidad, Agustín Pavón, de IU, y un empresario intentaron sobornar a una concejal para que apoyase unas recalificaciones.

- Las Palmas. Anticorrupción está personada en la Operación Eolo, un presunto delito de información privilegiada en un concurso de parques eólicos convocado por el ex consejero de Industria Luis Soria, del PP. El ex director general de Industria del PP Celso Perdomo está acusado de suministrar información privilegiada sobre el concurso. Los dos cargos del PP aparecen como presuntos integrantes de una red de políticos, funcionarios y empresarios que intercambiaron información meses antes de la adjudicación.

- Calvià. En Palma de Mallorca, Anticorrupción investiga aún en dos de las siete denuncias que el PP y empresarios interpusieron contra la ex alcaldesa socialista de Calvià Margarita Nájera, que dejó el cargo en 2003. Según Anticorrupción, está pendiente una querella interpuesta por HTP Instal S.L. por presuntos delitos de prevaricación, amenazas, y coacciones y otra por la venta de un solar.