Los escándalos urbanísticos

Los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos ingresaron 916.000 euros en un banco andorrano

Anticorrupción investiga desde hace días la trama urbanística tras un informe del Servicio contra el Blanqueo de Capitales - La Comunidad de Madrid devuelve el plan urbanístico del municipio

La Unidad Central de Información de Andorra comunicó hace días al Servicio para la Prevención y el Blanqueo de Capitales del Banco de España una sospechosa operación monetaria cuyos protagonistas eran Pedro Torrejón, el dimitido alcalde de Ciempozuelos (Madrid), y Joaquín Tejeiro, ex regidor de esta localidad entre 1991 y 1995, ambos socialistas. Torrejón, según esa información, ingresó 800.000 euros, y Tejeiro los 116.000 restantes, cantidades que superan con creces los ingresos profesionales de ambos. La Fiscalía Anticorrupción decidió hace algunos días abrir una investigación sobre este caso. El PSOE obligó a su alcalde en Ciempozuelos a dimitir tras conocer irregularidades en el plan urbanístico, que prevé una recalificación masiva de suelo para viviendas.

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El 20 de agosto de 2001, el Ayuntamiento de Ciempozuelos (15.000 habitantes), entonces gobernado por el PP, adjudica un contrato por 281.000 euros para que el arquitecto privado Enrique Porto Rey elabore el nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que definiría por dónde crece el municipio y con cuántas viviendas.

El equipo de Porto, que dos años después es nombrado director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por el Gobierno regional del PP, diseña un crecimiento para Ciempozuelos con 11.500 viviendas nuevas en unos terrenos de 310 hectáreas en el área occidental de la localidad.

Uno de los principales propietarios de suelo en esa zona es la inmobiliaria Esprode. El diario Abc publicó ayer un supuesto contrato firmado el 18 de abril de 2005 entre Esprode y el ex alcalde de Ciempozuelos por el que la promotora inmobiliaria se comprometía a abonar a Tejeiro 18 millones de euros por sus gestiones para convertir el suelo rústico que tenía en el Sector 2 Cerro de los Sotos en suelo urbano.

Desde 2003, la gestión de la aprobación del nuevo Plan General pasa de manos del PP al PSOE, que consigue colocar a Pedro Torrejón al frente de la alcaldía de esa localidad. El PSOE cuenta con seis de los 17 concejales del municipio, por lo que necesita el apoyo de algún otro grupo para sacar adelante sus planes.

En la tramitación del nuevo Plan General, todos los grupos municipales, incluyendo al PP, aprueban los distintos trámites. El 14 de abril de 2005 se produce la aprobación inicial y cuatro días después se firma el contrato entre el ex alcalde de Ciempozuelos y la promotora Esprode.

Entre la aprobación inicial de un Plan General y su aprobación definitiva por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene la máxima competencia urbanística, hay que pasar múltiples trámites, en los que se pueden retocar aspectos sustanciales del futuro crecimiento de un municipio.

El alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón, aseguró el pasado lunes a este periódico que durante la tramitación del Plan General apenas se presentaron alegaciones -"unas 40"- y apenas se produjeron retoques o correcciones por parte de la Comunidad de Madrid.

El jefe del urbanismo madrileño responsable de visar ese Plan General era Enrique Porto, que hace dos semanas dimitió al descubrirse que favoreció como cargo público un negocio suyo de suelo en Villanueva de la Cañada.

En el supuesto contrato entre Esprode y Tejeiro también se establecía otro pago de 21 millones de euros si Tejeiro lograba mayor edificabilidad para los terrenos de la promotora inmobiliaria -0,43 metros cuadrados de viviendas por cada metro cuadrado de suelo- y si la aprobación definitiva se producía antes del 26 de mayo. Un día antes de esa fecha, el pleno del Ayuntamiento de Ciempozuelos aprobaba por unanimidad el texto refundido del Plan General. Aunque ese trámite no bastaba, pues todavía hacía falta que la comisión regional de Urbanismo -donde el Gobierno regional tiene mayoría absoluta- y el propio Ejecutivo autonómico ratificaran el proyecto urbanístico.

Escándalo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid trató ayer en su reunión sobre el Plan General de Ciempozuelos, dado que se había remitido por parte de su departamento urbanístico para su aprobación definitiva. Sin embargo, pese a que los altos cargos de la Comunidad habían dado su visto bueno al crecimiento de Ciempozuelos por la zona que beneficiaba a la promotora Esprode, el Gobierno regional prefirió ayer no aprobar el plan ante el escándalo urbanístico que se había destapado.

Ese Plan General había contado desde el inicio de su tramitación con el voto a favor de los concejales del PP, el mismo partido que gobierna en la Comunidad.

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aseguró ayer que han decidido devolver el Plan General ante "los escándalos y las presuntas corrupciones que se encuentran detrás de la tramitación de este planeamiento, para que el Consistorio proceda a su análisis". "Lo hemos hecho así al encontrarnos con que aparece una denuncia en la que hay un acuerdo entre una promotora y el anterior alcalde y todo parece indicar que, en esa propuesta de recalificación, ha habido alguien que ha pactado cierta cantidad", añadió.

El PSOE obligó a dimitir hace dos días a Torrejón al sospechar de la existencia de irregularidades en la masiva recalificación de suelo que tramita desde hace varios años el Ayuntamiento de Ciempozuelos.

El secretario de Organización del PSOE madrileño, Andrés Rojo, se entrevistó con el alcalde de Ciempozuelos el pasado martes y, al no encontrar satisfactorias las explicaciones que le dio el regidor, optó por pedirle que dimitiera para evitar un daño mayor a la imagen del partido.

En torno a los terrenos de Ciempozuelos donde toda la corporación municipal ha decidido que se construyan viviendas se han producido en los dos últimos años múltiples operaciones sospechosas.

Un juez de Madrid investiga el supuesto registro fraudulento de 152 parcelas por parte de ocho sociedades que, a su vez, fueron denunciadas por una asociación de afectados, que reclama la propiedad de esas fincas. Esa asociación de afectados está presidida por la promotora inmobiliaria Esprode que, supuestamente, pagó al ex alcalde para que gestionará la recalificación de su suelo rústico en Ciempozuelos. En esa asociación que preside Esprode también figura, como afectado, el propio Ayuntamiento de Ciempozuelos.

La denuncia por esa supuesta estafa en la inscripción de las fincas, que afecta a cientos de hectáreas, podría estar relacionada con la recalificación de suelo rústico para levantar viviendas en Ciempozuelos, dado que las zonas que se detallan en la denuncia están afectadas por el nuevo crecimiento previsto en el Plan General que se está tramitando.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de octubre de 2006.

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