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Editorial:

Ladrillos con energía

De nuevo, una constructora ha entrado en el capital de una compañía energética. Sacyr, el grupo que protagonizó un intento de entrada en el BBVA, ha comprado el 9,3% de la petrolera Repsol por casi 2.900 millones de euros. Hay similitudes entre esta operación y las de Acciona en Endesa y de ACS en Iberdrola y Unión Fenosa -sobre todo, en los sistemas de financiación-, pero hay dos diferencias. La primera, que no se ha pagado un sobreprecio; y la segunda, que, a diferencia del mercado eléctrico, el petrolero no obtiene sus ingresos de tarifas calculadas y decididas por el Gobierno, sino que existe, al menos en el ámbito de los precios, un mercado libre.

Son conocidas las razones económicas para el desplazamiento de las constructoras hacia los mercados energéticos. Hay síntomas de contracción en la burbuja inmobiliaria y es lógico que las empresas busquen inversiones con ingresos asegurados o poco cíclicos; si el riesgo de las compras, fuertemente apalancadas, es bajo, pues miel sobre hojuelas. Esta explicación es la más difundida entre los analistas económicos. Pero, si aplicamos el principio de que las operaciones hay que juzgarlas también por sus consecuencias, habrá que deducir que el desembarco del ladrillo en empresas de la primera línea de fuego de OPA procedentes del exterior también es una reacción a los deseos del Gobierno de mantener el sector bajo control de capitales y gestores españoles. La táctica del Gobierno de oponerse frontalmente a la OPA de E.ON sobre Endesa puede considerarse como fracasada, y más después del expediente abierto por la Comisión contra las condiciones de la CNE. La creación de los llamados núcleos duros de accionistas españoles parece un método más eficaz para cerrar el mercado español a las ofertas sobre empresas consideradas estratégicas.

Ahora bien, los enrevesados cruces accionariales entre grandes empresas españolas pueden tener consecuencias indeseadas. Las sociedades implicadas, trufadas de intereses de otras compañías, pierden independencia y quizá también calidad en la gestión; además, existe la tentación de trasladar rápidamente los esfuerzos financieros sobre las tarifas eléctricas o sobre los precios. También hay el riesgo de limitar los proyectos y las inversiones al mercado interior; o de que los inversores extranjeros en otros mercados castiguen el intervencionismo energético. La cuestión es si estos riesgos pueden evitarse y, sobre todo, si existe un patrón de política energética que tenga claro el esquema empresarial definitivo. Ese patrón debería ser el Gobierno, pero hasta ahora no lo ha sido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de octubre de 2006