El Superior avala el cierre de las cámaras urbanas en siete sentencias

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha avalado en siete ocasiones el decreto de disolución de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana como Corporaciones de Derecho Público. La última, hecha pública hace escasas semanas, ratificaba además en términos absolutamente claros la liquidación del patrimonio y su paso a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco.

La sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, resuelve que "el decreto fija las actuaciones necesarias para la liquidación del patrimonio de la extinta Cámara Oficial de la propiedad urbana y para la integración de su personal en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es cierto que tales operaciones son precisamente la consecuencia de un previo mandato legal legitimo, y que en consecuencia no puede verse en ellas antijuridicidad alguna, ni tampoco privación o despojo".

Los integrantes de las disueltas Juntas de Gobierno de las extintas Cámaras Oficiales de los tres territorios históricos habían interpuesto un total de siete recursos contencioso-administrativos contra el decreto solicitado la suspensión de las normas. No han logrado parar su aplicación.