Gobierno y diputaciones se enfrentan por el nuevo modelo de reparto de los recursos

Las diputaciones y el Gobierno tienen otro problema sobre la mesa. A día de hoy no han sido capaces de pactar una previsión de recaudación para 2006, y este semana se reúne el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) para intentar acordar una previsión de cierre del año. Hay dos elementos que rompen el equilibrio: la recaudación del IVA de las operaciones asimiladas a la importación (alcohol, tabaco o hidrocarburos), que da a Vizcaya un exceso de recursos, y la nueva Ley de Aportaciones, donde las diputaciones reclaman más ración de la tarta de los tributos concertados.

Las diputaciones creen que la sobrefinanciación del Gobierno le permite reducir deuda

La arquitectura financiera de Euskadi está sujeta en conceptos como coeficientes horizontales, verticales o de recaudación. En pura teoría un sistema de engranajes perfectos que debería repartir los fondos entre instituciones en función de las competencias y de su eficacia para recaudar. La realidad, sin embargo, es otra. Las tres haciendas forales han hecho sus estudios internos y no les cuadran los números. Todas consideran que el Gobierno recibe más de lo que debería y que el porcentaje que regula el reparto de todos los ingresos por tributos concertados entre éste y las diputaciones, -coeficiente vertical- debe ser revisado.

El problema es que detrás de un consenso tan general juega la política y la coyuntura. Álava, gobernada por el PP, es la que impulsa el cambio; Guipúzcoa, en manos del PNV también, pero protesta menos; y Vizcaya, del PNV, tras ser el paladín del cambio durante años, ahora lo defiende poco, al ser el gran beneficiado del cambio de recaudación de las operaciones asimiladas a la importación, gracias a la refinería de Petronor.

Desde 1985 el coeficiente vertical, que fija los fondos que van al Gobierno, ha ido creciendo. Ha pasado del 62,64% al actual 70,44%. El argumento de este crecimiento es que también ha aumentado su carga competencial. Sin embargo, las diputaciones creen que el modelo está desequilibrado y sobrefinancia al Ejecutivo. Por su puesto, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, lo niega.

Las instituciones forales critican que entre 1995 y 2002 los ingresos del Gobierno crecieron un 4,4% y sus gastos sólo un 3,1%. El margen de ingresos del 1,3% se ha utilizado para amortizar deuda pública (ver gráfico). Y si el Gobierno gana, las diputaciones pierden. Sus ingresos no varían pero los gastos van al alza, sobre todo los sociales. Lo definen como ahogo financiero.

Es cierto que ya en la negociación de la última Ley de Aportaciones, en vigor hasta el 31 de diciembre, se acordó crear unos planes interinstitucionales por los que el Gobierno devolvía dinero a las diputaciones para dedicarlo a proyectos preestablecidos, como la inversión en carreteras. Este acuerdo sirvió en su momento, pero ahora las haciendas forales quieren ser dueñas de sus recursos, sin que los mediatice el Ejecutivo.

Puede parecer fácil el arreglo, pero no lo es. Las propias diputaciones tienen problemas al establecer cuánto deben aportar para pagar al Gobierno, el Cupo o la dotación de fondos estratégicos. Estas cantidades se fijan con la referencia de los llamados coeficientes horizontales. Los últimos en vigor establecen un 16,33% para Álava, un 50,76% para Vizcaya y un 32,91% para Guipúzcoa; una relación que se viene conociendo por el "un, dos, tres". Guipúzcoa es el doble que Álava y Vizcaya el triple. Se ajustan anualmente y fijan el peso de cada territorio en la economía vasca. Es un estimación estadística teórica.

A la hora de acudir a la realidad la cosa se complica. Aparece un tercer coeficiente, el de recaudación, el porcentaje de todas las recaudaciones por tributos concertados de cada territorio. A cada uno le corresponde un porcentaje del total recaudado que puede estar por encima o por debajo del coeficiente horizontal. En el primer caso, aumentará la capacidad financiera, en el segundo, descenderá.

Como es un sistema de riesgo compartido, si una diputación va especialmente bien las otras resultan perjudicadas, En pura teoría, se prima la eficacia en la gestión. Para posibles desvíos se ideó un fondo de solidaridad, para compensar en parte a los perjudicados cuando su coeficiente de recaudación es en un 99% inferior al horizontal.

Más o menos el sistema ha ido funcionando con pequeñas discrepancias, sin embargo, las operaciones asimiladas a la importación han hecho que se rompa en pedazos. En 2005 la recaudación del IVA de estas operaciones pasó de la Hacienda del Estado a las forales por pura exigencia europea. Si hasta entonces el total de los recaudado se repartía por una aplicación matemática de los coeficientes horizontales, desde ese día paso a recaudarse en el territorio donde se ejecuta la operación. A Vizcaya le tocó el gordo al contar con la refinería de Petronor. Se estima que el monto total oscila entre 315 y 500 millones de euros y que actualmente quedan repartidos en 10-12 millones en Álava, 278-323 en Vizcaya y 26-42 en Guipúzcoa. Lejos de la regla del "un, dos, tres" de los coeficientes horizontales. Álava y Guipúzcoa recaudan muy por debajo de su coeficiente horizontal así que se ven forzados a aportar más al Gobierno cuando su eficacia en la gestión no ha variado. Para ajustarlo, en 2005 Vizcaya aportó el 1% de la recaudación al fondo de solidaridad, y en 2006 se habló del 1,1%, pero es insuficiente.

El próximo consejo es difícil que cierre el conflicto y, por vez primera, la actual Ley de Aportaciones puede ser prorrogada y evitar así un debate antes de las elecciones forales y municipales de mayo. Ahora Vizcaya es la menos beligerante, y en su defensa podría apoyar las tesis del Gobierno de no rebajar el coeficiente vertical. El Gobierno cuenta con tres votos, los mismos que las tres diputaciones juntas en el consejo. En cualquier caso, se ha negociado poco.