Desprecio ambiental

Tuvo que intervenir el fiscal de Medio Ambiente y recordar al alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, que podía incurrir en responsabilidades penales, para que se detuviera la tala de árboles en el pinar declarado como zona de especial protección para las aves en la localidad abulense. Pero antes, la Junta de Castilla y León había ignorado olímpicamente en tres ocasiones los informes de sus técnicos en contra de la recalificación de la zona para construir 1.600 chalés, un hotel y un campo de golf y aprobó el proyecto inmobiliario. El ayuntamiento de la ciudad y el constructor tampoco atendieron al Tribunal Superior de Castilla y León, que dictó sentencia en contra del proyecto inmobiliario. Tanto los técnicos de la Junta como el Tribunal tenían razones poderosas para oponerse a la recalificación del pinar: allí anidan especies protegidas, amenazadas de desaparición, entre ellas parejas de cigüeñas negras y águilas imperiales.

Dada la secuencia conocida de acontecimientos, ni la Junta de Castilla y León ni el Ayuntamiento pueden alegar despiste o desconocimiento en este caso. Aunque defiendan la legalidad administrativa formal del proyecto, eran bien conscientes de las objeciones técnicas y, sobre todo, de la decisión en contra del tribunal de Castilla y León. El argumento del constructor de que no conocía oficialmente la sentencia y, por tanto, empezó la tala de pinos, es una excusa más bien pobre. Ha lugar, pues, a la suposición legítima de que la Junta, el municipio y el constructor pretendían imponer hechos consumados. El caso de Las Navas del Marqués es un desdichado ejemplo de cómo unas instituciones ciudadanas -ayuntamientos, comunidades autónomas- llamadas a proteger bienes públicos pervierten su función y se dedican a depredar los recursos naturales y medioambientales a cambio de los pingües ingresos que manan de la especulación inmobiliaria.

A la vista de tanto exceso urbanístico perpetrado en España, resulta razonable concluir que la proximidad de la Administración respecto a los ciudadanos no es una garantía de una gestión limpia y correcta del suelo. Hay obligaciones medioambientales ineludibles que la sociedad debe defender como valores superiores y exigen, en consonancia, instituciones que velen por ellas. De qué sirve declarar un espacio natural como zona protegida si resulta tan escandalosamente fácil recalificarlo legalmente, despreciando las razones superiores que aconsejaron esa protección. Alguien deberá hacerlo, si los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos se dedican a lo contrario.