Turismo sanitario y otros déficit

El sistema público sanitario valenciano goza de excelente salud y fama. Dicho esto deberíamos aducir una tanda de objeciones y críticas, algunas perfectamente verificables -¿cómo negar las listas de espera?- y otras muchas discutibles o circunstanciales. En todo caso, y juzgada con objetividad, la sanidad pública que nos ha tocado en suerte revela unos índices singulares de calidad, lo que nos obliga a estar sensibilizados con los problemas que la atosigan, limitativos de su crecimiento y mejora. No olvidemos que cuando lo público renquea suele acontecer que lo privado prospere a su costa y a la nuestra.

Por fortuna -todavía- esa calidad que anotamos es un atributo se diría que universalmente reconocido, como delata la cantidad de pacientes nacionales y extranjeros que acuden a los centros médicos valencianos y que responden genéricamente a la descripción de "turistas sanitarios". Una nota informativa de la consejería del ramo señalaba estos días que los hospitales valencianos han atendido en 2005 a 56.884 turistas extranjeros, lo que le ha supuesto un gasto de 84 millones en números redondos, de los que ha recibido tan sólo cuatro del Fondo de Cohesión estatal. Es en este apartado asistencial en el que más abunda el fraude a la sanidad valenciana, sobre todo en el capítulo de extranjeros procedentes de la Unión Europea, esos que a menudo llegan con viajes programados para someterse a terapias e intervenciones quirúrgicas que en sus países de origen no tienen cobertura y que aquí, además de económicamente cubiertas, se llevan a cabo con confort y calidad. Se trata de una partida difícil de evaluar hasta ahora, según el citado departamento, que subraya, no obstante, el abuso en que se viene incurriendo.

Tomemos en consideración asimismo que el aumento de extranjeros empadronados en la Comunidad entre 2001 y 2006 ha sido del 221% frente al 183% del conjunto del Estado, con la singularidad de que este "efecto llamada" ha atraído a esta autonomía el 34% de todos los extranjeros mayores de 65 años residentes en España, porcentaje que alcanza el 40% en punto a residentes originarios de la UE. A todos ellos se les otorga asistencia sanitaria en las mismas condiciones que a los españoles, esto es, pública, universal y gratuita, sólo que en esa franja de edad el consumo sanitario es mucho mayor y pesa en buena parte sobre las finanzas comunitarias.

También los turistas nacionales dejan su pufo, pues el coste estimado de la asistencia que reciben asciende a los 125 millones de euros que el erario valenciano asume íntegramente. Muchos turistas, como constatan cada verano los hospitales de la red pública, más colmados si cabe en esta estación debido al aluvión turístico que les sobreviene y que demanda atención sanitaria, bien porque son usuarios que lo necesitan, bien porque, además, lo programan.

Para acotar en lo posible fraudes y sablazos a la sanidad pública, el consejero Rafael Blasco, en consonancia con su pulsión legislativa, ha elaborado un anteproyecto de Ley de Aseguramiento que, en puridad, pretende identificar a las personas foráneas temporalmente desplazadas y atendidas para gestionar que su país o comunidad de origen reembolse el gasto efectuado en aquellos casos que haya derecho al reintegro. Elemental. Por otra parte, a los extranjeros se les prestará la atención que contemple el sistema sanitario de su país de origen, por lo que la sanidad española dejará de ser un chollo para no pocos turistas. Los inmigrantes irregulares se beneficiarán del principio de solidaridad, pero con el deber de empadronarse. Lógico.

Suturada esta fuga de recursos, propia de una Administración autonómica más pródiga que generosa, y reduciéndose como se constata el crecimiento del gasto farmacéutico -todo hay que decirlo-, ya sólo falta que para no degradar la salud y fama de nuestra sanidad y de otros servicios públicos, en el reparto de la tarta financiera estatal al País Valenciano se le reconociesen -y sufragasen- los 700.000 ciudadanos más en que ha crecido el censo desde 1999. Ja som 4,7 milións. Una reivindicación que concierne a todos los partidos políticos, al margen de su color y de las siglas que gobiernen desde la Moncloa en Madrid.