Hombres y mujeres

El proyecto de Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, presentada esta semana por el ministro Jesús Caldera ante la comisión correspondiente del Parlamento, tiene entre sus objetivos centrales el de eliminar mediante "acciones positivas" en todos los niveles, públicos y privados, la discriminación que todavía afecta a las mujeres, especialmente en el terreno laboral. Objetivo que cuenta con un amplio respaldo social, según las encuestas, aunque algunas de las medidas concretas previstas en la ley son demasiado intervencionistas, en perjuicio del deseable consenso, no sólo político, con que convendría arropar a la ley.

La incorporación de la mujer al trabajo constituye uno de los grandes logros del actual periodo democrático de la historia española. Actualmente, en el 43% de los hogares con hijos pequeños trabajan ambos cónyuges, frente al 42% en que sólo lo hace uno. Pero esa incorporación convive con la permanencia de discriminaciones contra la mujer en un mercado laboral cada vez más competitivo. A igual trabajo, los salarios que perciben son menores que los de los hombres. Y, con frecuencia, su llegada a los puestos de responsabilidad se ha visto limitada por el simple hecho de ser mujer.

Aparte de las reminiscencias de la tradición, que empiezan a ser marginales en un número creciente de hogares, existen otras razones que tienen que ver con los hábitos de trabajo en España y, sobre todo, con la ausencia de infraestructuras que, como las guarderías o las redes de asistencia social, faciliten compatibilizar la vida familiar con la laboral. Se produce así un círculo vicioso que perjudica de manera especial a las mujeres. Puesto que sus salarios suelen ser más bajos que los de los hombres, son ellas las que deben sacrificar su trabajo cuando la situación familiar requiere en el hogar la presencia más o menos constante de uno de los cónyuges. Y puesto que los empleadores son conscientes de esta circunstancia, con frecuencia se muestran reacios a contratar trabajadoras y, más aún, a ofrecerles puestos de responsabilidad.

Sin políticas dirigidas activamente contra este círculo vicioso es difícil imaginar que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral desparezcan por sí solos. Por tanto, hace bien el Gobierno al adoptar medidas que promuevan una efectiva igualdad. Otra cosa es, sin embargo, que se pretenda fijar por ley, de manera voluntarista, pautas como el número de mujeres presentes en los consejos de administración de las empresas. No sólo es cuestionable el desproporcionado intervencionismo público que ampararía esa norma, sino la confusión en los objetivos que provocaría. Lo que debería perseguirse no es que haya el mismo número de hombres y mujeres en los centros de decisión, sino que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones para acceder a puestos de responsabilidad.