Cartografía del ladrillo

Madrid se expande y con ella la tela de araña de desarrollos urbanísticos que ya alcanza a municipios situados a más de 30 kilómetros de la capital. "Cualquiera puede llegar en 20 minutos en coche a urbanizaciones rodeadas de espacios naturales pero aisladas, sin conexiones con un núcleo urbano", afirma el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio. El resultado es que en muchos núcleos rurales se ha creado un "urbanismo especulativo", según el fiscal, en los que existe una "relación de clientela" entre políticos, constructores y propietarios del suelo. El fiscal alerta sobre las vinculaciones entre técnicos y arquitectos municipales con los propietarios de los terrenos y marca el arco desde San Lorenzo de El Escorial hasta Moralzarzal como la zona donde el ladrillo hace más daño al desarrollo sostenible.

Existe una relación de clientela entre políticos, constructores y propietarios del suelo

La polémica urbanística alcanza a altos cargos regionales. Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, ha dimitido esta semana por presuntas irregularidades en su gestión. Ecologistas en Acción considera que "lo que hay detrás de las recalificaciones y compras de suelo masivas es especulación pura y dura". Los ayuntamientos tienen en la concesión de licencias urbanísticas y en la venta de parcelas una de sus fuentes de financiación más importantes. Los alcaldes defienden que, de otra forma, es imposible conseguir colegios, atención médica, centros sociales acordes a las demandas vecinales actuales. Pero el modelo no cuenta con el respaldo de toda la población. Las denuncias de los vecinos han dado lugar a intervenciones del fiscal de Medio Ambiente.

El Partido Socialista de Madrid ha suspendido al regidor de Aldea del Fresno, José Luis Tello, por aprovecharse supuestamente de su cargo para hacer negocio en la construcción. El PSOE también ha tomado medidas en Quijorna, un pueblo situado a pie de la M-501. La alcaldesa del municipio, Mercedes García (del PP), ha vendido una alameda protegida al grupo de Fidel San Román (uno de los implicados en la Operación Malaya marbellí), que ahora ella misma pretende recalificar. En Morata de Tajuña, la regidora, Concepción Loriente (PSOE), no logró el apoyo de su partido a sus planes de multiplicar por 12 la población, hasta 80.000 habitantes.

La política urbanística ha provocado también la ruptura del equipo de gobierno y enfrentamientos en los partidos locales. El Gobierno municipal de Majadahonda se vio inmersoen una crisis que desembocó en la dimisión del alcalde, Guillermo Ortega (PP) y en la expulsión de dos concejales que apoyaban a Ortega. En Torrelodones el equipo de gobierno, del PP, también se ha roto. El alcalde, Carlos Galbeño, destituyó a dos de sus concejales por discrepancias urbanísticas.

Las quejas por supuestos atentados ambientales han alcanzado a las instituciones europeas. La Unión Europea ha admitido a trámite una denuncia de los vecinos de Villanueva de la Cañada que denuncian la urbanización de un paraje de 108 hectáreas de gran valor ecológico, en el que se construirán 1.300 viviendas. En Galapagar, a 35 kilómetros de la capital, el parlamento europeo ha reclamado a Bruselas una investigación del plan general, que pretende duplicar la población.Y así hasta 15 casos de pelotazos urbanísticos en la región.