El Seprona ya identificó vertidos de residuos tóxicos de Intal en Castellón el año 1992

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ya identificó en la Rambla de la Viuda (Almassora) residuos tóxicos de la empresa Intal en el año 1992. Así lo indicaron ayer dos agentes de este servicio de la Guardia Civil, llamados a declarar como testigos en el juicio contra representantes de la empresa Intal que se celebra en la Audiencia de Castellón, de la empresa de transporte y gestores de los vertederos que dieron cobijo a residuos calificados como peligrosos en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes.

Los agentes del Seprona afirmaron ayer tajantes que los vertidos procedían de Intal, que se veían a simple vista, desprendían olor y estaban metidos en sacos. Ante el hallazgo, un ecotoxicólogo judicial tomó muestras que se mandaron al Instituto Nacional de Toxicología y presentaron una denuncia por infracción administrativa grave que se remitió a la Consejería de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, según los agentes. Este dato choca con la fecha en la que se abrieron las diligencias judiciales por un presunto delito contra el medio ambiente, que se iniciaron en 1996. La descripción de los vertidos coincide con la dada por el ex administrador de Intal, Carlos Barrachina, excepto en el hecho de que los agentes aseguraron que los residuos se encontraban envasados, y Barrachina negó en repetidas ocasiones que tuvieran algún tipo de contenedor.

Según los agentes del Seprona, hasta 1996 no tuvieron más información sobre los vertidos. En esa fecha, el propietario de una finca colindante al vertedero de Oropesa de uno de los acusados denunció que las aguas de su pozo olían mal y tenían un color oscuro, por lo que solicitó a análisis que confirmó que el agua estaba contaminada, tal como declaró ayer el propietario. Tanto esta denuncia como la presentada por otro vecino de Oropesa fueron trasladadas a un juzgado de Castellón.

Por su parte, el ex comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan Manuel Aragonés, declaró que a uno de los acusados se le concedió autorización para verter residuos sólo de materiales inertes y bajo la vigilancia de la guardia pluvial. Otro de los testigos, propietario de unos terrenos ubicados en Xilxes, indicó que sin su autorización se sufrió un vertido tóxicos, de lo que le avisó el Ayuntamiento y, posteriormente, la Generalitat procedió a retirarlos.

El fiscal solicita, para cada uno de los cinco acusados, un total de ocho años de prisión por un delito continuado contra el medio ambiente y un delito continuado de daños. La acusación particular, que representa a la administración autonómica, elevó la petición a más de 9 años.