Todo queda en familia

Una tromba de agua inundó Salou (Tarragona) hace dos semanas. Y otra tormenta, esta vez política, cae sobre la localidad más turística de Tarragona desde hace una semana, tras salir a la luz varios casos de presuntas irregularidades urbanísticas que señalan al alcalde, Esteve Ferrán Ribera y a su hijo, Esteve Ferrán Gombau, concejal de Urbanismo, como actores principales en una historia de negocios inmobiliarios y concesiones municipales puestas en entredicho. En Salou, hasta ahora, todo había quedado en familia.

El censo del municipio no llega a 23.000 habitantes. Sin embargo, un 15 de agosto de un año cualquiera duermen en Salou un cuarto de millón de personas, convirtiendo al municipio -vinculado desde hace un siglo al turismo y desde hace una década a Port Aventura- en la capital del negocio veraniego. Todo esto lo gestiona el alcalde, el único que ha conocido la localidad desde que en 1989 se independizara de Vila-seca. Ahora, a los 77 años, Ferran Ribera ha anunciado que repetirá como candidato a unas municipales que ha dominado con mayorías amplias con su formación independiente Ferran Units Per Salou (FUPS), creada tras su ruptura personal con CiU, que en la década de 1980 fue contraria a la segregación de Salou.

Padre e hijo dirigen la concejalía de Urbanismo desde hace nueve años

En 1999 el hijo del alcalde, Esteve Ferran Gombau, acompañó a su padre en la candidatura y FUPS obtuvo mayoría absoluta. Pese a ello, integró en su gobierno a CiU y PP. Desde entonces, Ferran hijo es el concejal de Urbanismo de Salou. Antes, entre 1997 y 1999, el puesto estuvo ocupado por Ferran padre, quien lo acumuló al de alcalde. Hace nueve años que padre e hijo dirigen el área de Urbanismo y, con algunas decisiones, han beneficiado presuntamente a familiares y afines.

Ferran Gombau tramitó uno de los pilares normativos de todo municipio: el planeamiento urbano, que quedó aprobado inicialmente en 2001 y definitivamente en 2003. Entre estos años, varias fincas de Esteve Blasi Ferran, primo hermano del alcalde, inscritas en el registro de la propiedad como rústicas, pasaron a ser urbanizables en un sector muy próximo al mar donde, además de viviendas, el Ayuntamiento prevé crear 10.000 plazas hoteleras.

Mas Clariana y Blagater, empresas administradas por Blasi Ferran y el hijo de éste, Javier Blasi, poseen la mayoría de las hectáreas de la futura zona urbana, compradas muchas entre 2004 y 2005, aunque algunas las compraron hace 25 años para ampliar un cámping colindante de su propiedad.

Esta zona es el resultado indirecto del desvío de una riera, la que periódicamente causa graves inundaciones como las de hace 15 días. Al desviar la desembocadura del cauce para canalizarlo, se liberan docenas de hectáreas en un sector de crecimiento natural del casco urbano. Pero para ello, el Ayuntamiento debe expropiar tres chalés y 16 pisos situados en primera y segunda línea de mar. Son estos vecinos los que han denunciado que el beneficiario de la recanalización es el primo hermano del alcalde. Añaden que Esteve Blasi y Javier Blasi constituyeron en 2002 una empresa, Salou Bay Resort, cuya función sería la de explotar las fincas que resultaron revalorizadas en 2003 con la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.

Otro caso lo protagoniza directamente el mismo concejal de Urbanismo. Ferran Gombau ha admitido que se "equivocó" al comprar, en 2000, por 30.000 euros una finca rústica que revendió en 2004, tras su preceptiva recalificación, por 506.000 euros a una empresa que tiene terrenos en la zona que quedará libre tras el desvío de la riera. "No creí que fuera éticamente reprobable [la venta de la finca]", dijo el concejal, quien añadió que cuando la vendió tenía la misma información sobre el futuro urbanístico de Salou que cualquier residente de la población.

Iniciativa per Catalunya ha llevado el caso ante la Fiscalía de Tarragona, que ya había abierto diligencias tras una denuncia de ERC, y ha pedido a la Generalitat que se pronuncie sobre la legalidad de los trámites municipales.

ERC e ICV, en la oposición, y CiU, en el gobierno, han exigido el cese del concejal. Los convergentes, además, vinculan su continuidad en el gobierno a la salida Ferran Gombau de Urbanismo. El PP, en el gobierno, no se ha pronunciado y el PSC, en la oposición, trata de crear una comisión municipal que investigue estos casos, que considera la punta del iceberg de un entramado mayor.

La tercera irregularidad la constituye la adjudicación a una empresa, uno de cuyos socios es la esposa del secretario municipal, de la construcción de un geriátrico en terreno municipal. El techo de construcción pasó de 9.000 a 20.000 metros y se autorizó que los 77 apartamentos se vendieran a particulares. Todo ello por un alquiler de 9.000 euros anuales durante 75 años. Las objeciones que puso el interventor municipal, Juan Manuel Hernández, a esta operación y a las de concesión de la grúa y los transportes públicos le han supuesto una propuesta de sanción de 21 meses que debe refrendar el Ministerio de Administraciones Públicas, del que dependen los interventores.