Asociaciones de víctimas del franquismo renuncian a ir a actos del Gobierno

Diferentes asociaciones vascas de víctimas del franquismo han acordado no acudir más a los actos públicos u homenajes convocados por las formaciones o dirigentes del Gobierno. Estos grupos, que se reunieron ayer de forma conjunta por primera vez, entienden que esta decisión es la única vía que les queda para exigir unos mínimos de "consideración y respeto" hacia ellos y lo que representan por parte del Ejecutivo tripartito.

Los grupos presentes en la reunión, celebrada en Bilbao, fueron Ahaztuak 36-77, Geureak 1936 de Andoain, Oroituz, Asociación de Fusilados de Deba, Goiena, Andikona de Otxandio y Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria, junto a los que acudieron representantes de Izquierda Republicana y Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca. El objetivo del encuentro era conocerse mejor con vistas a consensuar unos mínimos futuros de actuación.

El portavoz de la asociación Ahaztuak 1936-1939, Marcelo Álvarez, detalló que todos estos grupos coinciden en que la filosofía que sigue el Gobierno autónomo a la hora de tratarles no difiere de la mostrada por el Ejecutivo central. Precisó que su asociación ha remitido escritos durante seis meses a las diferentes formaciones políticas y sólo les ha respondido EHAK.

Durante la reunión, los grupos consensuaron un texto con varias peticiones al Gobierno vasco. En primer lugar, solicitan que las cuestiones relativas a las víctimas del franquismo no sean competencia como hasta ahora del Departamento de Asuntos Sociales, sino que pasen a la Dirección de Derechos Humanos, integrada dentro de la consejería de Justicia. "No es un problema social, sino político, de derechos humanos, al mismo nivel que las víctimas del terrorismo", enfatizó Álvarez.

A esta petición se suma la de crear una ponencia en el Parlamento que integre a representantes de los partidos políticos y de las asociaciones de víctimas del franquismo. La tercera y última exigencia se dirige a los partidos vascos con representación en el Congreso, a los que se pide su rechazo a la Ley de Memoria Histórica que se está elaborando.