Mercado electrizante
La Bolsa española alcanzó el miércoles el cierre más alto de su historia -el Ibex cerró nada menos que a 12.950 puntos, con una ganancia de más del 20% en lo que va de año-, después del relampagueante cruce de estocadas entre la constructora española Acciona y el grupo alemán E.ON para controlar Endesa y el anuncio de un propósito de fusión entre Iberdrola y Unión Fenosa, patrocinado por la también constructora ACS. El mercado eléctrico español se está jugando el futuro de su estructura empresarial en esas dos grandes operaciones que van más allá de simples compras. Acciona ha adquirido hasta el 15% del capital de Endesa con el fin nada disimulado de asegurarse una fuente de ingresos más estable -dividendos garantizados por tarifas eléctricas presumiblemente al alza en los próximos años- que la demasiado cíclica procedente del negocio del ladrillo y con la consecuencia, probablemente intencionada, de bloquear la entrada de E.ON en Endesa. ACS persigue el mismo objetivo de negocio y la consecuencia será también reforzar la posición accionarial de Iberdrola frente a una hipotética oferta de compra transnacional.
Las dos grandes constructoras españolas han demostrado que cuentan con capacidad financiera y legal para competir con las compañías europeas y que no les falta iniciativa estratégica para asegurar una nueva estructura accionarial en las empresas eléctricas. Tal pujanza no debería ser una sorpresa después de una década de crecimiento de sus cuentas de resultados en el mercado español. La iniciativa de Acciona y ACS es tanto más arriesgada puesto que el ámbito de decisión del mercado eléctrico es Europa; y lo será cada vez más. Así lo demuestra la OPA de E.ON sobre Endesa, la sugerida de la italiana Enel sobre Iberdrola y el dictamen de la Comisión Europea, que ha rechazado drásticamente las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía para aprobar la compra de Endesa por E.ON. El varapalo de Bruselas confirma que, aunque el Gobierno esté legitimado para actuar en defensa del suministro energético español, las operaciones empresariales deben ventilarse en el mercado. La táctica del Ejecutivo de oponerse a la OPA de E.ON en Endesa ha implicado innecesariamente a la CNE, un organismo que ha dejado en la gatera los pelos de la independencia y, al igual que el Tribunal de Defensa de la Competencia, requiere una profunda renovación.
Ahora bien, no todo se resuelve con los rediseños accionariales ni operaciones defensivas. Con gestión española o sin ella, las eléctricas tienen que desarrollar en los próximos años un plan de inversiones que garantice la calidad del servicio en un escenario de demanda creciente; deben hacerlo además sin que los brillantes movimientos en el mercado de esta semana, que han disparado el coste de sus acciones, se transformen en un encarecimiento desmesurado de las tarifas; y deben contar también con la acción razonable del Ministerio de Industria, obligado a reformar el marco de precios para retribuir las inversiones y acabar con el endiablado déficit tarifario. Las operaciones de mercado no eximen al regulador de sus obligaciones para defender la competencia.
