El Constitucional suspende cautelarmente el núcleo de la ley audiovisual catalana

El Tribunal Constitucional suspendió ayer cautelarmente 55 de los 140 artículos de la ley del audiovisual catalana tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno el pasado mes de julio. Quedan en suspenso los artículos más polémicos de la ley, como los que establecen obligaciones con relación a la presencia de la lengua catalana en radio y televisión y al proceso de adjudicación de las licencias audiovisuales y los criterios de adjudicación de las mismas. La Generalitat ya ha anunciado que formulará alegaciones al recurso.

Aunque un portavoz del Consejo del Audiovisual de Cataluña aseguró ayer que la suspensión de la ley no repercutirá en el "normal funcionamiento" de la institución a corto plazo, sí es cierto que la suspensión cautelar por cinco meses establecida ayer afecta a los cimientos de la ley que el Parlamento catalán aprobó el pasado diciembre con la única oposición del Partido Popular.

Concretamente se recurre el articulado referente a la gestión del espacio radioeléctrico de Cataluña y las obligaciones generales que deben cumplir los operadores que quieran ocupar estas frecuencias. Entre ellas, las referidas a la obligatoriedad de incorporar una mínima presencia de la lengua catalana en sus emisiones.

El Ministerio de Administraciones Públicas, firmante del recurso en nombre del Gobierno, ha recurrido íntegramente los capítulos segundo y tercero de la ley. Así, queda en suspenso el articulado que establece el proceso de otorgamiento de las licencias audiovisuales y los criterios de adjudicación de las mismas, que, según el artículo 52 de la ley catalana, evaluará criterios como el tiempo de emisión dedicado a contenidos informativos, el compromiso de contribuir al desarrollo de la industria audiovisual catalana y la oferta de programación infantil.

En lo referido a las empresas de comunicación y a la ideología que pueden imprimir en sus medios, la ley también prevé determinados instrumentos de "garantía del pluralismo" y dispone "medidas correctoras" en caso de haber un grupo empresarial dominante.

A la espera de la sentencia del Constitucional, que también tiene sobre la mesa otro recurso presentado por el PP, la suspensión cautelar causó ayer una nueva tormenta política. Sobre todo porque el texto fue votado por el PSC y después recurrido por el Gobierno del PSOE en el que todavía figuraba como ministro de Industria, José Montilla, ahora candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. Esta circunstancia fue aprovechada por Convergència i Unió y Esquerra Republicana para cargar contra Montilla, a quien acusaron de estar al corriente del recurso y haberlo mantenido "en secreto" para no perjudicar su campaña. El líder de CiU, Artur Mas, consideró "inaudita" la actuación del PSC.

El Gobierno catalán salió al paso avanzando que formulará alegaciones al recurso al tiempo que continuará sus negociaciones con el Gobierno central "para ajustar la ley catalana a la normativa legislativa". El Parlamento Catalán también formulará alegaciones. El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña, Josep Maria Carbonell, rechazó ayer hacer declaraciones.

En cambio, fuentes del Gobierno de Pasqual Maragall y del PSC recordaron ayer que la ley del Audiovisual fue aprobada a finales de diciembre y que se hizo en base al proyecto de nuevo Estatuto salido del Parlamento catalán, mucho más ambicioso que el que resultó finalmente tras su trámite en las Cortes. El portavoz parlamentario del PSC Joan Ferran justificó la actuación del Gobierno, de su partido y del parlamento catalán afirmando que la ley catalana se hizo "sin un marco de referencia global" y recordó que la decisión del Constitucional será "determinante".