Valcárcel impulsa una desaladora a la que se opone Medio Ambiente

El Gobierno de Murcia (PP) dio ayer un importante impulso a la construcción de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena) tras autorizar la firma de convenios con 15 ayuntamientos. Esta planta no cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, competente en la gestión de los recursos hídricos. El ministerio calificó la planta como una "subvención encubierta a los agricultores".

El portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, afirmó que la planta costará 117 millones de euros y podrá generar 21,6 hectómetros cúbicos de agua potable al año a partir de 2010. De la Cierva anunció también su intención de cambiar el Estatuto de autonomía para que la comunidad gestione las aguas interiores y garantizar el agua para los desarrollos urbanísticos previstos en Murcia, donde hay en previsión más de medio millón de viviendas. El Ejecutivo murciano trata de eliminar los obstáculos legales para captar agua de mar sin permiso de Medio Ambiente, como exige la Ley de Aguas.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, recordó ayer que la normativa establece que todos los recursos hídricos de la cuenca o los generados por las desaladoras o potabilizadoras deben ser objeto de una concesión por parte del Gobierno centra. En el caso de esta desaladora, debería ser la Confederación del Segura, dependiente de Medio Ambiente, quien adjudique los recursos y no el Gobierno murciano. Este cargo del ministerio resaltó también la situación de "alegalidad de la planta, cuyo permiso no se ha solicitado, por lo que cualquier acuerdo con los ayuntamientos sería nulo de pleno derecho".

La planta de Escombreras, que comenzó a construirse en julio, producirá a partir de mayo de 2007 seis hectómetros cúbicos de agua anuales, con un precio estimado de 0,48 euros el metro cúbico.