El juez ordena que Julián Muñoz cumpla su segunda pena de cárcel

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz no podrá abandonar la cárcel de Alhaurín de la Torre aunque el magistrado que instruye el caso Malaya decretase su libertad provisional. Otro juez de Málaga ordenó ayer al centro penitenciario que el considerado "español más popular" cumpla su segunda condena en firme a un año de prisión y ocho de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en zona verde en 1999.

La resolución por la que el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ordena la ejecución inmediata de la sentencia del llamado caso Proinsa supone un cambio en la situación penitenciaria de Julián Muñoz, que pasa de ser preso preventivo a encarcelado con pena en firme y podría cambiar de módulo, según fuentes penitenciarias.

Se trata de la segunda sentencia confirmada de los más de 40 sumarios judiciales abiertos contra Muñoz por delitos urbanísticos en el tiempo en que fue concejal o alcalde de Marbella, desde 1991 hasta agosto de 2003. El hecho de haber sido condenado con anterioridad -a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación por el caso Banana Beach- lo convierte en reincidente e impediría que pudiera salir en libertad provisional si así lo decretara el juez que lleva el caso Malaya, por el que Muñoz estaba hasta ahora en prisión preventiva. Aunque el auto de ejecución de la sentencia puede ser recurrido, fuentes judiciales aseguran que el recurso no lo dejaría en suspenso.

La sentencia del caso Proinsa fue dictada en octubre de 2005 por el Juzgado número 5 de Málaga y confirmada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial de Málaga. Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 1999, cuando la Comisión de Gobierno que presidía Muñoz como alcalde accidental autorizó una licencia de obras a la empresa Promoción de Edificaciones Industriales, SA (Proinsa) para construir 150 viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela junto al Palacio de Congresos, al comienzo de la llamada Milla de Oro, la zona con edificios más caros de Marbella.

Para otorgar el permiso, Muñoz y otros seis concejales, también condenados, se basaron en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, redactado a gusto del fallecido alcalde Jesús Gil y denegado por tres veces por la Junta de Andalucía. El plan vigente era el de 1986, que preveía usar la parcela, adquirida por dos millones de euros, para ampliar el Palacio de Congresos. Posteriormente, Proinsa vendió la parcela y la licencia por 15 millones. En la finca fueron finalmente construidas 99 viviendas y un hotel de lujo, el Senator, después de que se hiciera una modificación de licencia.

Junto al ex alcalde fueron condenados los ex concejales Mario Jiménez, Rafael González Carrasco, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe -hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, imputada en la Operación Malaya-, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo. En su sentencia, el juzgado declaró que los acusados "eran perfectamente conocedores de que su conducta no era ajustada a derecho" y aseguró que no alcanzaba "a comprender qué razones o intereses oscuros" les llevaron a aprobar el ilegal PGOU de 1998.

Ninguno de los otros seis ediles, todos ellos en libertad, ha recibido la notificación de ejecución de la condena y sus abogados anunciaron que presentarán recursos. Estos concejales también fueron condenados junto a Muñoz en el caso Banana Beach y tienen una condena en firme a seis meses de prisión por conceder una licencia para construir 238 viviendas, aparcamientos y locales comerciales en suelo no urbanizable. La ejecución de esta sentencia está paralizada mientras se tramita la petición de indulto de los condenados.