Calidad-Universidad

La ministra de Educación ha anunciado la intención del Gobierno de poner en marcha un sistema de financiación de las universidades que tenga en cuenta la calidad de las actividades de docencia e investigación que éstas realizan. En principio, nada parece más natural. Cuando, en el pasado, las universidades carecían de autonomía y todas sus decisiones, desde las titulaciones a ofrecer hasta la selección de los profesores, dependían de instancias ministeriales, su responsabilidad en los resultados obtenidos era sólo parcial, al depender éstos de decisiones externas. Pero hace ya bastantes años que las universidades disponen de una amplia autonomía en la toma de decisiones, en particular desde que se desarrollaron todas las potencialidades contenidas en la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la posterior transferencia al ámbito de las comunidades autónomas, proceso hacia mayor autonomía que seguirá tras la entrada en vigor de las normas contenidas en la nueva Ley Orgánica de Universidades.

Es natural, por tanto, desde esa capacidad de decisión en aspectos clave de la vida universitaria, exigir el buen uso de los recursos públicos que se les asignan. Y modular la financiación, que de todas formas debe cubrir los aspectos básicos para su funcionamiento, sobre la base de criterios que sirvan para evaluar el desempeño de sus funciones. Quizá muchos de los problemas ligados a la selección de los profesores, o a los planes de estudios, empiecen a corregirse si cada decisión equivocada que se toma puede tener consecuencias en su financiación.

La evaluación de la calidad de la investigación realizada en cada universidad, aun con todos los matices que puedan hacerse, tiene ya una cierta tradición y no presentará mayores dificultades. Sin embargo, la evaluación de la docencia es más complicada y requerirá de una concertación entre autoridades ministeriales y autonómicas, universidades y expertos. Pero se hace en otros países, de forma que no es un empeño imposible, y esa experiencia puede ser utilizada. El principio de financiación dependiente de resultados responde hoy a una lógica clara y debiera ser asumido por todos los actores involucrados. Otra cosa son las modalidades concretas de con qué criterios y quién realiza la evaluación. No será fácil llegar a un consenso pero es precioso hacerlo, con toda la prudencia necesaria y el tiempo y el esfuerzo que exige un cambio de estas características. Sin embargo, no sería bueno poner en entredicho el interés y la necesidad de moverse en la dirección anunciada en función de las incertidumbres que en estos momentos existen sobre el modo concreto de hacerlo.