La fiscalía de Canarias abre una inspección en los centros de retención de inmigrantes

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, encabezará en los próximos días una serie de inspecciones a los centros de internamiento de inmigrantes para verificar, entre otros aspectos, si éstos reúnen condiciones adecuadas para albergar a los más de 10.000 extranjeros retenidos en ellos. La visita de los fiscales, que ha sido comunicada al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se produce tras las denuncias de hacinamiento, insalubridad y violencia efectuadas por dos sindicatos policiales.

La fiscalía comenzará sus inspecciones en el centro de internamiento de El Matorral, en Fuerteventura, el martes. El portavoz de la institución, Guillermo-García Parnasco, indicó a EL PAÍS que la visita a estas instalaciones por parte de las fiscalías de extranjería de ambas provincias canarias "son frecuentes y habituales", en especial "desde que este año se ha experimentado un aumento de la llegada de inmigrantes".

Aunque García-Parnasco insistió en encuadrar la nueva inspección en "nuestra labor rutinaria", sin conexión con las denuncias presentadas en las últimas semanas por los sindicatos policiales CEP y SUP, declaró a la agencia Efe que la fiscalía deseaba "evaluar si realmente [los centros de internamiento] reúnen condiciones para acoger a ese alto volumen de personas".

Según los representantes policiales, los centros están saturados, casi triplican su capacidad de alojamiento y no cumplen las mínimas condiciones higiénicas, con acumulación de basuras, desperdicios, excrementos, ratas y olores nauseabundos en duchas y baños. Los agentes insisten en su inferioridad numérica respecto a los inmigrantes y en el temor de las fuerzas de seguridad a contagiarse de enfermedades que pudieran transmitirles los inmigrantes.

A las denuncias de los sindicatos policiales se unió ayer la vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno canario, María del Mar Julios, quien declaró que la situación sanitaria en el archipiélago es de "urgencia y emergencia" debido a la llegada masiva de inmigrantes en cayucos, informa Efe. Julios insistió en que es responsabilidad del Estado garantizar la salubridad de los centros en los que se hallan los inmigrantes y poner los medios que se necesitan para atender una demanda "tan grande" sin que se deteriore el trabajo del Servicio Canario de Salud.

El portavoz de la fiscalía señaló que no era intención de estas visitas iniciar procedimientos legales, sino que las conclusiones de su informe "las remitiremos a la Delegación del Gobierno" para que proceda a la mejora de los centros.

Hasta ayer, los centros, campamentos, comisarías, polideportivos y hasta restaurantes abandonados que alojan inmigrantes africanos en seis de las siete islas de Canarias estaban totalmente desbordados. En El Hierro, una pareja de la Guardia Civil custodia a un grupo desde hace semanas en un polideportivo de Valverde. Otros dos agentes del instituto armado vigilan a los más de 300 subsaharianos agrupados en un restaurante abandonado en La Gomera, al que ha habido que añadir decenas de tiendas de campaña militares para evitar que ningún inmigrante duerma a la intemperie. Menos suerte tienen los que llegan a Tenerife. Si ingresan en el campamento militar de Las Raíces, dormirán en una tienda de campaña dotada de 16 camas. Allí hay más de 3.400 internos en dos campamentos, a pesar de que cuando se inauguró sólo había capacidad para unos centenares. En el centro de internamiento de Hoya Fría, los inmigrantes llenan con colchonetas hasta los perímetros de seguridad, las canchas y las zonas comunes. La Delegación del Gobierno ha habilitado varias carpas en estas instalaciones y en la comisaría del sur de la isla para que el intenso sol no los abrase durante el día.

Ayer siguieron las llegadas de inmigrantes: 172, entre los que hay al menos 10 menores, arribaron a Canarias; 135, 20 de ellos menores, a Granada y Málaga, y 10 fueron interceptados en Águilas (Murcia).