El fiscal pide cinco años y medio de cárcel para el ex consejero Ignasi Farreres

El fiscal Fernando Rodríguez Rey presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona un escrito de acusación en el que solicita cinco años y medio de cárcel para el consejero de Trabajo en la época de CiU Ignasi Farreres por encargar ocho informes que resultaron copias de tratados jurídicos. La fiscalía le acusa de prevaricación, falsedad y malversación, y también reclama 15 años de inhabilitación y multa de 103.500 euros.

En ese proceso también ejerce la acusación la Generalitat, que solicita seis años de cárcel para Farreres, además de Iniciativa per Catalunya, que pide seis años y medio, y el abogado Manuel González Peeters, como acusación popular, que reclama 14 años de prisión para el que fue consejero de Trabajo entre 1988 y 1999. Ahora deberán presentar sus escritos las defensas y el caso pasará a la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona para su enjuiciamiento. Éste es el mismo tribunal que juzgó y condenó a los acusados en la malversación del Consorcio de Turismo de Cataluña por hechos similares: la utilización de dinero público en beneficio propio, aunque la sospecha que nunca se pudo demostrar es que sirvió para financiar a Unió.

Farreres es en la actualidad secretario general del comité de gobierno de UDC, el partido en el que militan también Josep Maria Servitje y Víctor Manuel Lorenzo, las otras dos personas a las que acusa el fiscal. El primero era secretario general del Departamento de Trabajo en la época de Farreres y el fiscal solicita para él la misma pena que para el ex consejero, y para el segundo reclama ocho años y medio de cárcel. Lorenzo era el propietario y administrador de las sociedades Gestumer y Socesca, por cuyos estudios Trabajo pagó 46.158 euros. El fiscal pide que los tres acusados indemnicen a la Generalitat con esa cantidad.

Dirigentes de Unió

Explica el fiscal que Lorenzo era también el administrador de la fundación Fecea, estrechamente vinculada a Unió y "con la que colaboraban diversos dirigentes" del partido. Según la fiscalía, Farreres y Servitje actuaron "valiéndose de los cargos que ostentaban y funciones que desempeñaban" y se concertaron con Lorenzo para "enriquecerse". El escrito expone que los estudios no respondían a una necesidad, sino que fue una actuación "ajena al interés público" que se llevó a cabo "bajo la apariencia de una subvención".