Compromisos reales o ejercicios de propaganda

El inminente Debate sobre Orientación General del Gobierno, más conocido por Debate del Estado de la Región, que va a tener lugar en la Asamblea de Madrid los días 19 y 20 de este mes de septiembre, tiene la particularidad de ser el último de la presente legislatura. Cabe exigir que este nuevo debate no se convierta en una nueva decepción como la provocada por el desarrollo y grado de cumplimiento de los compromisos contraídos el año pasado por el Pleno de la Asamblea y la presidenta del Gobierno regional. Y es que los tres grandes compromisos del año pasado: pacto social y político por la mejora de la sanidad, pacto social y política por la calidad y mejora del abastecimiento de agua y el plan de choque por la estabilidad en el empleo para reducir la temporalidad hasta el 18%, así como el conjunto de medidas que incorporaban, no se han cumplido. Incumplimientos que no son más que la expresión de una acentuación de las políticas regresivas, a la par que fracasadas, en lo social y económico del Gobierno regional.

La sanidad y también las prestaciones sanitarias no han hecho más que empeorar

Los incumplimientos son la expresión de las políticas regresivas aplicadas y fracasadas

La ambiciosa resolución en materia de estabilidad en el empleo no se ha visto correspondida por una actuación decidida del Gobierno regional en la concertación social. El compromiso de "un plan de choque dirigido a reducir la temporalidad desde el 28,7% al 18% al final de la legislatura" no se ha abordado. Y no es menos significativo de esta parálisis gubernativa que la temporalidad laboral en el sector público se esté incrementando notablemente, dentro de una economía como la madrileña que ha pasado, en apenas tres años y en el conjunto de sectores, de tener un índice de temporalidad del 22% a nada menos que el 30,1%, cada vez más lejos del 18% comprometido en la Asamblea.

CC OO y UGT señalan que la calidad del empleo es un requisito imprescindible para el progreso, desarrollo y crecimiento de Madrid. Asimismo, denuncian que es esta falta de calidad en el empleo la que posibilita la tragedia cotidiana de una todavía no corregida siniestralidad laboral que ocasiona víctimas mortales a diario y miles de heridos al año. De igual manera, tal y como acordó el pleno de la Asamblea, hay que seguir haciendo esfuerzos adicionales para combatir la discriminación laboral de la mujer, el fraude en las contrataciones y subcontrataciones, la especulación del suelo industrial o las injustificadas deslocalizaciones empresariales. También es necesario mantener una vigilancia constante para que se lleven a cabo políticas directamente dirigidas a la integración de los inmigrantes.

Todo ello adquiere tanta más urgencia para UGT y CC OO si se tiene en cuenta que en esta materia están bloqueadas las principales medidas incluidas en el "Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid", firmado hace ya dos años por los sindicatos, la patronal madrileña y el Ejecutivo de Aguirre. A pesar del compromiso parlamentario de este último, lejos de remover las dificultades que de forma reiterada plantea la patronal madrileña, más bien parece existir una complicidad de intereses entre ambos que impide cualquier avance positivo en esta materia.

El pacto social y político por "la calidad y la garantía del abastecimiento del agua en la Comunidad de Madrid", así como la mayoría de las medidas que se contemplaban en este último caso, no se han puesto en marcha. Ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales. Una pasividad del Gobierno regional que se ha visto agravado con el patético recorrido del proyecto de Ley de Suelo recientemente retirado ante el rechazo generalizado que suscitó.

UGT y CC OO consideran que en este campo es cada vez más urgente actuar definiendo, elaborando y consensuando un Plan de Estrategia Territorial que integre las políticas de suelo, urbanismo, agua, infraestructuras del transporte y energía, eliminando las incertidumbres sobre el sistema productivo, singularmente sobre la industria, y la sostenibilidad del desarrollo regional.

Si hace un año se certificó de forma unánime en la Asamblea la evolución negativa de la sanidad y la necesidad de impulsar un acuerdo social y político para la mejora de la prestación sanitaria, hoy la situación no ha hecho más que empeorar. Se constata el fracaso de las medidas dirigidas a responder a las listas de espera y el tiempo de consulta en la atención primaria. Fracaso de las promesas relacionadas con la reducción de las lista de espera en asistencia especializada. Y en las listas de espera quirúrgica, a pesar de su descarada manipulación, se puede constatar que muchos pacientes prefieran esperar más tiempo para operarse con tal de hacerlo precisamente en hospitales del sistema público.

Problemas a los que se está respondiendo privatizando la atención sanitaria, casi una cuarta parte de los madrileños y madrileñas son atendidos ya en entidades con unas u otras formas de gestión privada. Si hemos asistido a la entrega de la Fundación Jiménez Díaz a una multinacional sueca, que tendrá en sus manos la atención médica de medio millón de ciudadanos de nuestra región, o a la privatización de los planes para reducir las listas de espera, en el futuro se apuesta por unos nuevos hospitales privatizados en distintos grados. Un fracaso en la evolución del servicio sanitario que cabe achacar a una financiación insuficiente, su obsoleta organización y la irresponsable e incompetente gestión de un consejero de Sanidad que no ha sabido ni siquiera resolver la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés que él mismo generó.

Las madrileñas y los madrileños observan con creciente alarma la apuesta del Gobierno de Esperanza Aguirre por aplicar unas políticas privatizadoras que intentan deteriorar paulatinamente los servicios públicos. En estos días de inicio del curso escolar hay que denunciar la creciente desatención de la escuela pública en nuestra Comunidad y, en consecuencia, las irregularidades de escolarización que sufren un número cada vez mayor de alumnos. Son consecuencias de que la Administración autonómica esté privilegiando con sus actuaciones a los centros privados, especialmente a los vinculados a determinadas organizaciones de tipo confesional y ultraconservador, y a los ligados a grupos empresariales que ven en la educación un sector propicio para hacer negocio. La cesión de terreno público para la construcción de centros de enseñanza privada y la segregación de alumnos en función de su origen social y grado de necesidad educativa está produciendo una discriminación y un desequilibrio en la escolarización madrileña. El pasado 10 de mayo se movilizaron los ciudadanos y los trabajadores de la enseñanza, convocados por los sindicatos, contra esta situación, sin que hasta ahora el Ejecutivo regional haya querido tomar nota del generalizado descontento social en relación con estos hechos tan graves.

Estos temas que están en el centro de las preocupaciones ciudadanas son algunos a los que hay que dar respuesta en este último debate de la región de la legislatura. Como se ve, es el modelo de desarrollo social y económico regional y el carácter y función de los servicios públicos lo que está en juego.

Javier López Martín es secretario general de CC OO Madrid. José Ricardo Martínez de Castro es secretario general de UGT-Madrid.