Sanidad prohibirá el alcohol a menores de 18 años y hará responsables a los padres

Apoyada en los datos más recientes sobre la incidencia del alcohol en los menores de edad, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, llevó ayer al Consejo de Ministros un informe sobre un anteproyecto de ley que prepara el Ministerio para prevenir el consumo de alcohol entre los menores de 18 años. El anteproyecto, que aún no está redactado, no sancionará el consumo de alcohol en general, sino sólo en los menores y allí donde estén presentes. Además, generaliza la prohibición de vender alcohol después de las diez de la noche. El PP abandonó un proyecto similar en 2002.

La edad a la que se inicia el consumo de alcohol en España ya se sitúa en los 13,7 años de media. La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría ha alertado del aumento de intoxicaciones etílicas entre niños y niñas hasta de 11 años de edad. "Las consecuencias [de esto] todavía las desconocemos", dijo ayer Elena Salgado.

El futuro proyecto partirá de prohibir la venta de alcohol a menores de 18 años, una edad que aún no estaba unificada en toda España (Castilla y León y Asturias tienen el mínimo en 16 años). Además, la ley exigirá una licencia especial para vender alcohol, y en las tiendas de toda España, al igual que ocurre con la normativa del Ayuntamiento de Madrid, no se podrán comprar estas bebidas entre las diez de la noche y las ocho de la mañana. Los establecimientos podrán perder la licencia si incumplen la ley.

Desde el Ministerio se insiste en que no se trata de una ley antibotellón como la madrileña, ya que en ningún momento prohíbe el consumo en la calle. Los mayores de 18 años podrán seguir con su botellón allí donde esté permitido. El proyecto sí precisa, sin embargo, que los menores no podrán beber alcohol "en las vías y zonas públicas y en cualquier tipo de establecimiento público". Esta precisión permitirá imponer sanciones a los menores e informar a sus padres. Salgado insistió ayer tras el Consejo de Ministros en que no es una medida de orden público, sino "eminentemente de carácter sanitaria". De hecho, los profesionales de la salud deberán incorporar en el historial clínico de los adolescentes si beben alcohol.

El proyecto prohibirá el consumo de alcohol a cualquier persona en centros de protección y atención a menores, instalaciones deportivas o recreativas, centros de enseñanza infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y educación especial. Es decir, que profesores de un polideportivo o un instituto o los padres de alumnos no podrán tomarse una cerveza en el bar de la instalación, porque allí hay menores.

El texto presentado ayer en Consejo de Ministros prevé multas de 30 a 600 euros para infracciones "leves" (como no exponer en lugar visible el cartel que prohíbe vender alcohol a menores), de 601 euros a 10.000 las "graves" (como la veta de alcohol a menores) y de 10.001 euros hasta 600.000 las "muy graves", como vender alcohol a menores en centros educativos. Cuando la responsabilidad sea del menor (por ejemplo, si es sorprendido bebiendo), responderán sus padres.

Se intentará minimizar la publicidad de alcohol que llega a los menores, por lo que se restringirá de forma parecida al tabaco. Para los carteles, impone una complicación geométrica: no podrán colocarse a menos de 500 metros de un colegio.

La asociación Cerveceros de España expresó ayer su "apoyo" a las medidas que tengan que ver con menores. Pero añadió su "rechazo categórico" a las "medidas restrictivas indiscriminadas y desproporcionadas que afecten a consumidores adultos".

En mayo de 2002, el Ministerio del Interior, con Mariano Rajoy al frente, presentó un borrador de ley seca en la que se multaba con 135.000 euros la venta de alcohol a menores y también se unificaba la edad mínima en 18 años, se prohibía la venta de alcohol en horario nocturno y hacía responsables a los padres de los menores de edad que bebieran en público. Aquel proyecto sí atacaba el consumo de alcohol en la calle en general, para frenar el fenómeno del botellón, que llenaba páginas de periódicos en aquellos días. En el caso de infracciones "graves", el proyecto del PP era más duro que el actual, y preveía sanciones hasta de 35.000 euros. El borrador durmió en un cajón hasta que el PP perdió el Gobierno, en marzo de 2004.