Protesta de los abogados del turno de oficio por la reforma de la justicia

El proyecto del Departamento de Justicia para revisar el servicio de defensa gratuita -el llamado turno de oficio- vivió ayer un nuevo episodio en la polémica que se lleva arrastrando en los últimos meses. En torno a 150 abogados de oficio se manifestaron ayer por las calles del centro de Barcelona para protestar en contra de los planes de Generalitat y pedir la dimisión del consejero de Justicia, Josep Maria Vallès.

El Departamento de Justicia presentó el pasado mes de enero el polémico Libro Verde de la justicia, una serie de propuestas que tienen por objetivo optimizar los recursos públicos destinados a la asistencia jurídica gratuita en Cataluña. Uno de los puntos del documento, el que ha provocado más rechazo, señala la posibilidad de privatizar en parte el turno de oficio, lo que supondría que despachos privados concurrirían a un concurso para lograr la concesión de la Administración.

Ante esta posibilidad, los abogados ven peligrar el derecho de los ciudadanos a una buena defensa. "Los despachos trabajarían para renovar su concesión año tras año, lo que implica generar pocos costes para quedar bien con la Administración y, por tanto, no dedicar todos los recursos a la defensa de los detenidos", aseguró Álex Zaragüeta, abogado que ayer participó en la manisfestación. Zaragüeta añadió que, si prosperase la medida, la defensa nunca podría actuar con independencia en los casos en los que una de las partes implicadas fuera la propia Administración.

Los abogados afirman que la reducción de costes planteada en la reforma limita las posibilidades de recurrir contra las sentencias más complicadas. Ello significaría, según Zaragüeta, "un grave atentado contra el derecho legítimo de cualquier ciudadano" a la defensa.

Los costes del turno de oficio en Cataluña han pasado de 19,5 millones de euros en el año 2000 a 43 millones el año pasado, un incremento que, según Zaragüeta, se ha originado sobre todo por los cambios legislativos en inmigración y violencia doméstica.

La Generalitat declinó pronunciarse ayer sobre la cuestión, aunque precisó que el consejero Vallès se reunió el martes con el presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Pere Lluís Huguet, para acercar posiciones.