La Generalitat lleva sin pagar desde julio a funcionarios de la Administración de Justicia

La idea de seguridad económica que suele asociarse a los funcionarios ha saltado por los aires en Valencia. Decenas de funcionarios de Justicia -90 según la consejería, 300 según los sindicatos- llevan sin cobrar desde julio. Y eso no es lo peor. "Lo peor es que cuando preguntas cuándo nos van a pagar te dicen que vamos a estar así sine die", aseguraba ayer una funcionaria que abordó al líder socialista, Joan Ignasi Pla, cerca de las Cortes. La directora general de Justicia, Patricia Montagud, le echó las culpas al Gobierno y aseguró que todos cobrarán la nómina a final de mes.

La FSP atribuye el problema a que cuatro trabajadores gestionan 4.000 nóminas

La directora general Montagud asegura que todos cobrarán a final de mes

La Federación de Servicios Públicos de la UGT atribuyó el impago a que sólo cuatro personas gestionan las 4.000 nóminas de Justicia y están desbordados.

Los funcionarios se incorporaron a los juzgados valencianos a mediados de julio. No hay entre ellos jueces ni fiscales. Pertenecen al cuerpo de gestión y de tramitación de la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. Y son, mayoritariamente, valencianos que regresaron a casa desde otras comunidades autónomas por medio de un concurso de traslado.

No han cobrado el mes de julio ni el de agosto y hasta última hora de ayer nadie en la Generalitat era capaz de garantizar que fueran a cobrar el de septiembre. La situación de algunos, como Amparo -pidió no dar su apellido-, que ayer se cruzó por casualidad con Pla en una calle cercana a las Cortes y lo abordó, era desesperada. La funcionaria y su marido pagan cada mes 800 euros de hipoteca. "Nos hemos tenido que ir a vivir cada uno a casa de sus padres, porque no podemos pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, la comida, el ocio y además la hipoteca", decía.

"Lo más grave", comentaba ayer María (nombre ficticio), funcionaria del juzgado de Instrucción número cinco de Castellón, "es que cuando pides una respuesta te dicen que no hay respuesta. Que no saben cuándo vamos a cobrar". El caso de María puede considerarse raro: Su pareja también es funcionario de Justicia, también llegó a Castellón en julio y también lleva desde entonces sin cobrar. "Más que nada te queda la indignación", decía, "se te queda cara de tonto".

La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT remitió ayer una carta al consejero Miguel Peralta en la que le reclamaba "que de modo inmediato la Administración cumpla sus obligaciones salariales con estos empleados". "Hechas las averiguaciones pertinentes", reza la misiva de la FSP, "hemos constatado que el problema nace de la imposibilidad material de gestionar la ingente cantidad de incidencias administrativas por parte de los compañeros del servicio de Recursos Humanos de la dirección general de Justicia. Cuatro funcionarios para gestionar 4.000 nóminas".

La versión coincide con la que Amparo y María aseguraban haber recibido en la dirección general de Justicia. El encargado de las nóminas, decía ayer la primera, le contestó "que estaba solo, que sólo hay una persona, que estaba trabajando en vez de estar de vacaciones, y que no da abasto".

La directora general de Justicia explicó a última hora las cosas de otro modo. Para empezar, Montagud rebajó el número de afectados de 300 a 90, y afirmó que siempre ha habido "al menos 10 personas" encargadas de las nóminas. También responsabilizó al Gobierno del retraso en pagar las nóminas.

Según Montagud, el primer problema fue que el Ministerio de Justicia aprobó el concurso de traslado, que trajo a 900 funcionarios a los juzgados valencianos, en junio, justo antes de las vacaciones. El segundo, fue que en la convocatoria se introdujo la novedad de que los empleados públicos podían renunciar una vez que habían recibido la plaza. "O quedar a resultas", lo cual significa que pueden volver al destino anterior después de haber tomado posesión. El tercero y último error del Gobierno fue el de equivocarse en el listado de quienes tenían que venir, según la directora general.

El asunto, añadió, ha afectado a todas las comunidades autónomas, y el País Vasco ha pedido que se debatan los problemas derivados del traslado en la reunión que las comunidades mantendrán el jueves con el ministerio.

Montagud reconoció que la situación ha tenido, además, las complicaciones derivadas del "volumen tan grueso de trabajo" que supone el desembarco de 900 funcionarios. Y afirmó que considera "sacrosanto" cobrar la nómina, cosa que todos harán a final de septiembre.

Todo ello lo dijo Montagud hacia las ocho y media de la tarde. Por la mañana, ni a Amparo, ni a María ni a la secretaria de Justicia de la FSP, Maribel Molina, se les dio una explicación tan prolija. Ni tampoco garantías tan rotundas. "Se han comprometido a intentar mandar personal de apoyo a nóminas para agilizar el problema", aseguraba por la tarde Molina.