Una nueva oportunidad para el sistema educativo

La implantación parcial este curso de la Ley Orgánica de Educación (LOE) supone para nuestro sistema educativo una nueva oportunidad para mejorar su calidad y adaptarse a los requerimientos y necesidades de la sociedad española. El plausible grado de consenso político alcanzado en torno a esta norma nos permite augurar una implantación también previamente consensuada en las comunidades autónomas. Un sistema educativo tan descentralizado como el nuestro precisa de una coordinación permanente entre las Administraciones central y autonómica. De esta coordinación depende no sólo la aplicación correcta de una ley orgánica, como lo es la LOE, sino la vertebración de un servicio, como el educativo, sin el cual no se concibe la igualdad de oportunidades y el derecho constitucional de todos nuestros escolares a acceder a una oferta educativa de calidad similar independientemente del territorio en el que se encuentre.

La nueva reforma educativa ha de hacer frente a los trascendentales cambios sociales que desde hace unos años viene experimentando la sociedad española, y entre los que destaca la incorporación de inmigrantes que vienen a nuestro país en busca de un futuro prometedor para ellos y sus hijos. En ese futuro se encuentra, naturalmente, el acceso a un sistema educativo de calidad. La presencia de escolares procedentes de la inmigración económica exige reforzar los mecanismos de compensación y la dotación de personal especializado.

Es imprescindible prestar más atención a una realidad escolar a la que tanto el Ministerio de Educación como los sindicatos hemos intentado poner freno. Me refiero a los problemas de convivencia que padecen numerosos centros docentes y a los que tratan de hacer frente los planes de mejora de convivencia que se están desarrollando en las comunidades autónomas tras el que suscribimos hace seis meses el ministerio y los representantes del profesorado. En este sentido, llamamos a la responsabilidad de toda la comunidad educativa.

Otro de los desafíos de nuestro sistema educativo es la mejora de los resultados de nuestro alumnado, que periódicamente hacen públicos los organismos internacionales. De esta mejora dependerá en buena medida no sólo la necesaria cualificación laboral de los futuros trabajadores, sino el reconocimiento internacional de nuestro país entre los más preparados para competir en productividad y actualización tecnológica, dos terrenos en los que, como viene denunciando Comisiones Obreras, se observan importantes lagunas.

Todo esto será imposible sin el concurso del ministerio y de las consejerías de educación de las comunidades. En este contexto, resulta crucial la colaboración entre las instituciones con alguna responsabilidad en la gestión educativa.

Ante el desarrollo reglamentario de esta ley orgánica, es preciso garantizar de manera inequívoca aquellos aspectos que repercuten directamente en la mejora del empleo, la equidad y la calidad de la educación. Pensamos que se debe dar prioridad a la financiación, los programas de cooperación territorial, la solidaridad interterritorial, la compensación de las desigualdades, la atención a la diversidad del alumnado y el reconocimiento, apoyo y valoración de los profesionales de la educación.

Exigimos estar presentes en la negociación de todos los desarrollos reglamentarios de la LOE. También pedimos a la ministra Mercedes Cabrera que no olvide al personal laboral de los centros educativos, como los profesionales de los comedores escolares, de las actividades extraescolares y de las aulas matinales, orientadores, psicólogos, etcétera, dado que desempeñan una labor educativa imprescindible. Por ello, pedimos para todos ellos un acuerdo sociolaboral similar al que se ha firmado para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada y de la pública.

Respecto a la Formación Profesional, instamos al ministerio a abordarla de manera urgente y decidida, desarrollando unos criterios mínimos para la creación de Centros Integrados, aplicando la LOE en este sector y la Ley de las Cualificaciones, con el fin de evitar reacciones centrífugas de tipo corporativo.

Por lo que respecta a los aspectos profesionales, el curso escolar comienza con la mala noticia de que el Ministerio de Educación no termina de cumplir los compromisos que hace casi un año adquirió con el profesorado, tras la firma en octubre y noviembre del año pasado de los Acuerdos Básicos Laborales de la enseñanza pública y concertada. Pues bien, pese a las insistentes peticiones de los sindicatos firmantes, los responsables ministeriales siguen sin cerrar cuestiones pendientes de tanta trascendencia, como el ingreso a la función pública docente, el pago del complemento retributivo, el funcionamiento de la mesa tripartita... Y otros temas, como los decretos de Formación Profesional y de reforma del Consejo Escolar del Estado, logrando el consenso necesario.

Las autoridades ministeriales deben saber que sólo una vez concluido este proceso y recuperado un mínimo de confianza entre las partes, podremos abordar nuevos retos. Pero mientras no se cumpla fielmente lo acordado, no es posible comenzar nuevas negociaciones.

Por otra parte, tampoco vemos voluntad alguna para abordar con seriedad las negociaciones del Estatuto Docente. La única actuación hasta ahora de los responsables del ministerio ha sido su intento de imponer un anteproyecto sin negociación.

Ante este panorama, en CC OO exigimos ya un calendario de negociación razonable y operativo que posibilite la participación real de los trabajadores y trabajadoras del sector, tras el cumplimiento de los acuerdos laborales.

Si se mantiene este bloqueo, no descartamos un otoño caliente en educación. Con este fin, promoveremos la mayor unidad sindical posible, como lo hemos hecho al presentar las plataformas reivindicativas y las exigencias de mejora. Nuestra responsabilidad como sindicato nos obligará a promover las protestas incluso si esa unidad sindical no pudiera fraguarse.

Tras la aprobación por el Gobierno del proyecto de reforma universitaria, que inicia su andadura parlamentaria, en CC OO, desde su posición hegemónica en el sector, no ocultamos nuestro malestar por el escaso interés del ministerio por negociar con los representantes de los trabajadores las condiciones laborales de éstos así como las lagunas que apreciamos en lo que se refiere a la financiación de nuestras universidades.

Aunque el borrador mejora algunos aspectos de la Ley Orgánica de Universidades, como el carácter público y no privado de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA), el proceso de acreditación y no habilitación del profesorado, la autonomía universitaria o el establecimiento de una única prueba de acceso a la universidad, pensamos que se trata de una reforma demasiado tímida. Más aún, parece haber sido concebida para buscar la rentabilidad a corto plazo de una política de imagen que para aportar soluciones eficaces a los problemas que arrastra la universidad española.

En cuanto al tratamiento que se otorga en el anteproyecto al personal que trabaja en las universidades, desgraciadamente no sólo mantiene la precariedad laboral que padece el sector, sino que la incrementa. Tenemos que recordar que aún están pendientes de solución aspectos relacionados con la política de personal, como los contratados, la extinción de titulares de Escuelas Universitarias, la posibilidad de una carrera profesional por promoción interna, la capacidad efectiva de negociar las retribuciones, así como todo lo referido a la igualdad en el acceso a los órganos de gobierno y representación.

Finalmente, el anuncio de la ministra de incrementar en un 27% el presupuesto de Educación para 2007 puede suponer un buen principio, siempre que este incremento tenga continuidad en el tiempo y se gestione de acuerdo con las necesidades reales del sistema. En interés de todos, no podemos permitirnos fracasar: lo que está en juego es la educación.

José Campos es el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO.