El Gobierno advierte a la ministra de que no le hará el "trabajo sucio" en la ley antitabaco

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, afirmó ayer que la comunidad autónoma vasca no está dispuesta a hacerle el "trabajo sucio" al Gobierno central en la aplicación de la ley antitabaco. En respuesta a unas manifestaciones de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, quien la víspera advirtió de que recurrirá ante los tribunales los reglamentos de las comunidades que suavicen la normativa estatal, Madrazo señaló que el Ejecutivo vasco no aprobará el decreto de aplicación de la ley hasta que no haya un acuerdo previo con los municipios y los hosteleros.

"El Estado se equivoca si pretende que el Gobierno vasco le haga el trabajo sucio en la aplicación de una ley que presenta un montón de carencias, insuficiencias y lagunas", dijo Madrazo. El consejero mostró así públicamente su disconformidad con las exigencias que supone para las comunidades autónomas una normativa de ámbito nacional. Ocho meses después de la entrada en vigor de la Ley contra el Tabaco, en Euskadi están aún por despejar muchas incógnitas sobre su aplicación.

Los alcaldes y los hosteleros, por ejemplo, están a la espera de que el Gobierno vasco apruebe un reglamento que defina aspectos que están por concretar, como el organismo que sancionará las infracciones o las obras que tendrán que hacer los locales para adecuarse a la ley, entre otros.

Madrazo recordó que el Ejecutivo no está obligado a aprobar un decreto de aplicación de la ley, aunque aseguró que lo elaborará si existe previamente un consenso con los ayuntamientos y el sector de la hostelería. También puso como condición que la Administración central "clarifique su posición final" y deje de "confundir" a la opinión pública sobre sus "intenciones de reformar la ley".

Y como tercer condicionante, Madrazo aseguró que el decreto se redactará una vez que los tribunales "aclaren la interpretación de esta ley" y se pronuncien sobre los recursos presentados por el Gobierno central contra los reglamentos ya elaborados por algunas comunidades autónomas. Está recurrido el decreto de la Comunidad Valenciana y se ha pedido modificar la redacción hecha por Castilla y León. Ambas autonomías están gobernadas por el PP.

Desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales se insiste en que en Euskadi se está aplicando la ley "con normalidad". Sin embargo, la gran mayoría de los establecimientos de hostelería de más de 100 metros cuadrados no han adaptado sus locales a la normativa. Un artículo de la ley les obliga desde el pasado 1 de septiembre a separar la zona de fumadores de la de no fumadores. Los dueños de estos negocios están a la espera de lo que establezca el futuro decreto del Gobierno vasco. Mientras tanto, no están dispuestos a realizar ninguna reforma. Tampoco está claro qué va a ocurrir en algunos recintos cerrados, como los frontones, donde se sigue fumando sin ningún tipo de restricción ni control.

Respecto a la función sancionadora, Madrazo recordó que la ley antitabaco asigna esta competencia en las comunidades autónomas, aunque recordó que la Ley vasca de Drogodependencias de 1998 establece "un reparto competencial entre las instituciones vascas en materia de inspección y sanción". Según esta normativa autonómica, el Gobierno vasco "es competente en todo lo referido a promoción y publicidad", mientras que a los ayuntamientos les corresponde "todo lo referido a la venta y consumo". Madrazo señaló que su departamento se atendrá al reparto competencial que determina la ley vasca de Drogodependencias y, por lo tanto, endosará a los municipios la obligación de sancionar y tramitar las infracciones.

En el primer semestre del año, se habían presentado en la comunidad autónoma 37 denuncias por incumplimientos de la ley antitabaco. Sin embargo, al no haberse precisado el procedimiento sancionador, no se ha aplicado todavía ninguna sanción, por más que las cuantías de las multas está precisada en la propia ley estatal, que es de obligado cumplimiento en todo el país. Hay tres tipos de infracciones: leves (hasta 600 euros), graves (de 601 a 10.000 euros) y muy graves (de 10.001 a 600.000 euros). Por territorios, 18 de esas denuncias se presentaron en Vizcaya, 16 en Guipúzcoa y las tres restantes en Álava.