El Gobierno exige a Senegal que ponga freno a los cayucos y avisa de que expulsará a los irregulares

El Gobierno quiso expresar ayer su firmeza frente a la avalancha de subsaharianos sobre Canarias con una declaración de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dirigida principalmente a los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes. De la Vega aseguró que todos los llegados irregularmente en estos días serán expulsados. Las cifras ofrecidas por el propio Ejecutivo demuestran que sólo un tercio de los inmigrantes que llegan en cayucos llegan a ser expulsados de España.

"Es necesario hacer saber a los países de origen de los inmigrantes que estas semanas están arribando a nuestras costas que no vamos a tolerar que sigan llegando, que no vamos a seguir aceptando que se incumplan los acuerdos bilaterales y multilaterales alcanzados, y que estamos dispuestos a actuar con toda firmeza", dijo la vicepresidenta al inaugurar en Madrid la IV Conferencia de Embajadores, un foro que reúne cada dos años a todos los jefes de las legaciones diplomáticas españolas en el extranjero. "Quede bien claro que todo el que entre en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España", añadió la número dos del Ejecutivo.

Chaves ve necesario hacer compatible la dureza frente a la entrada de 'sin papeles' y la política de cooperación con África

De la Vega: "Todo el que entre en España de manera irregular, más tarde o más temprano saldrá de España"

La Ejecutiva del PSOE centra su debate en la inmigración y reclama un mensaje de tolerancia cero con los irregulares

El cumplimiento de los pactos de control de fronteras deja mucho que desear, según el Ejecutivo

Zerolo y otros dirigentes defienden que el PSOE debe hacer "pedagogía" para evitar la xenofobia

Es la primera vez que el Gobierno denuncia tan abiertamente y en un tono tan conminatorio el incumplimiento de los acuerdos sobre regulación de flujos migratorios alcanzados con un puñado de países africanos. Marruecos, Mauritania, Nigeria y Guinea Bissau son los cuatro que han suscrito y ratificado compromisos de este tipo. También Ghana firmó un acuerdo, pero no ha concluido los trámites para que entre en vigor.

Cabo Verde suscribió el pasado mes de julio un protocolo para negociar un acuerdo de los llamados de nueva generación, que incluye tanto medidas policiales como reguladoras de la inmigración legal y ayudas al desarrollo. El Gobierno trabaja con el objetivo de que este acuerdo pueda ser ofrecido este mismo otoño a otros implicados en el problema, por ser puntos de origen o de tránsito, como Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Malí o Níger.

La advertencia de De la Vega incluye los pactos parciales alcanzados a raíz de la crisis actual para cooperar en el control de fronteras y facilitar las repatriaciones. Su cumplimiento está dejando mucho que desear, según el Gobierno, tanto por lo que toca a los países africanos como a los socios europeos. Senegal, por su mayor implicación en el problema, se halla en el centro de los reproches.

También la Ejecutiva del PSOE mantuvo ayer un intenso debate prácticamente monográfico sobre la inmigración, con la participación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los principales dirigentes del partido. Zapatero planteó a los suyos su convicción de que este asunto marcará la agenda política española y europea durante muchos años. Explicó que el futuro, para él, pasa por políticas de cooperación y acuerdo con los países africanos, y recordó que en este asunto el PSOE se encontró con que el PP prácticamente no tenía política exterior con los países africanos, y en la mayoría de ellos no había ni embajada española. El presidente, según varios de los presentes, se jactó de los avances alcanzados con Marruecos y se quejó de que la colaboración de otros países está costando mucho más. También explicó que éste es un asunto muy delicado sobre el que convendría firmar un pacto de Estado con el PP, una oferta que ya lanzó en 2000, para evitar que el enfrentamiento partidista pueda motivar debates que alienten la xenofobia.

José Blanco, secretario de Organización, sostuvo que es necesario contarle a los ciudadanos lo que el Gobierno está haciendo realmente; es decir, tratar de expulsar a todos los irregulares, para contrarrestar la idea del "efecto llamada" que lanza el PP. Carme Chacón, del PSC, insistió en la necesidad de dejar claro que el Gobierno será "durísimo con la inmigración ilegal porque todos deben saber que en España ilegalmente no cabe nadie". Chacón y otros dirigentes insistieron en la necesidad de que Europa se implique en una especie de Plan Marshall (puesto en marcha por EE UU para reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial) para ayudar a África. Zerolo estimó necesario hacer "pedagogía" para evitar la xenofobia. Consuelo Rumí y Leire Pajín, secretarias de Estado de Inmigración y de Cooperación, respectivamente, expusieron lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno.

Zapatero se marchó antes de que terminara la reunión, y fue Manuel Chaves, presidente del PSOE, quien resumió el debate con la idea de que hay que combinar los dos discursos: el positivo, sobre la necesidad de cooperar con África y atender a los que llegan en cayucos como corresponde a una democracia avanzada que respeta a todos los ciudadanos, y el de dureza, para aclarar que España no tolera la inmigración irregular. De la Vega se encargó de la parte dura, y Zapatero el domingo en Rodiezmo (León), de la positiva.