La Generalitat prepara el despliegue de las comisiones previstas en el nuevo Estatuto

El Gobierno de Pasqual Maragall quiere emprender ya desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, aunque la disolución del Parlament el próximo jueves le va a limitar drásticamente el margen de actuación. Como primera y más asequible provisión, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y el de Economía, Antoni Castells, preparan la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y de las comisiones mixtas de ambas administraciones, entre ellas la Junta de Seguridad, que ha de pasar a ser presidida por el presidente de la Generalitat.

Lo más urgente en el despliegue del Estatuto es la creación de la comisión que ha de decidir las inversiones de la Administración central del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras. La previsión de estas inversiones ha de figurar en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2007, que ya están en fase de elaboración, por lo que han de concretarse de inmediato.

El forzado acortamiento de la legislatura autonómica ha impedido que el Gobierno se lance a la redacción de los numeroso proyectos de ley que han de desarrollar el Estatuto. Pero, a pesar de ello, sí se han elaborado algunos borradores, como el de la Agencia Tributaria.

Una de las principales novedades introducidas por el nuevo Estatuto es la institución de una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que se encargará de la aplicación de las numerosas medidas de tipo tributario y fiscal, como el aumento de los porcentajes correspondientes a la Generalitat en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales (alcoholes, tacaco e hidrocarburos).

Previsiones iniciales

La previsión inicial es que la puesta en marcha de esta comisión, que hereda y amplía las funciones de la antigua Comisión Mixta de Valoraciones, requiere unos seis meses. El Estatuto prevé que en un año se cree la Agencia Tributaria de Cataluña y en dos años se establezca el consorcio entre ésta y la Agencia Tributaria del Estado.

Otro de los proyectos que el consejero Saura cree posible elaborar de inmediato es el que ha de fijar el nuevo sistema de designación de senadores por el Parlament. Hasta ahora el Parlament elegía a siete senadores de entre los diputados autonómicos, que mantenían ambos escaños. Con la entrada en vigor del Estatuto el Parlament podrá elegir también senadores que no sean diputados autonómicos. En el desarrollo estrictamentee institucional, el Gobierno cree que también puede emprenderse inmediatamente la transformación del Consejo Consultivo de la Generalitat en el Consejo de Garantías Estatutarias instaurado por el Estatuto.

Este nuevo Consejo de Garantías se ha de ocupar, entre otras cosas, de la aplicación de los derechos económicos y sociales introducidos por vez primera en el Estatuto.