"Las protecciones a mujeres están paralizando a la policía"

"Los jueces estamos vomitando tal cantidad de órdenes de protección a mujeres que muchas de ellas ya no se pueden controlar y las que se han acordado, amenazan con paralizar a la policía", asegura María Sanahuja, 44 años, juez decana de Barcelona, miembro activo de la asociación progresista Jueces para la Democracia y una de las juristas más críticas contra la Ley Integral contra la Violencia de Género, que entró en vigor en enero de 2005 y que supuso hace exactamente un año la apertura de los juzgados especializados en este tipo de delitos.

María Sanahuja, que en julio efectuó en público un primer balance sincero y honesto del primer año de los juzgados en un congreso celebrado en El Escorial, dice que la puesta en marcha de esta ley "está generando todos los problemas que jueces y decanos habíamos pronosticado; se ha puesto así en evidencia la falta de eficacia de las normas y de su mal diseño".

"Hay países que han apostado por la mediación para resolver los problemas "

Las valoraciones de la juez decana de Barcelona contextualizan, y colocan en su sitio, las estadísticas triunfalistas difundidas en julio por los Mossos d'Esquadra, que se vanagloriaban de atender cada día 12 denuncias de violencia en el ámbito familiar, practicar cinco detenciones al día y tramitar otras tantas órdenes de vigilancia y protección, sin hacer ningún tipo de valoración más.

"No sólo estamos provocando problemas con las órdenes de protección a las mujeres, estamos también haciendo millares de detenciones para nada. Con la reforma del Código Penal hemos convertido en delinucuentes a la inmensa mayoría de maridos y parejas, como consecuencia de la tensiones que se producen en los momentos más conflictivos de las separaciones y divorcios", insiste de forma tajante y radical María Sanahuja, en un esfuerzo por rehuir las "soluciones simples o políticamente correctas", que posibilitaron la aprobación en el Parlamento de esta ley.

La juez decana de Barcelona aboga por "poner el Código Penal en el límite de lo razonable, para ser de esta manera proporcional a los hechos" lo que, en su opinión, pasa obligatoriamente por "suprimir los juzgados de violencia de género y devolver al ámbito de la jurisdicción civil y penal este tipo de conflictos, tal como estaba antes. O, por el contrario, dotarlos en el número necesarios y con todos los medios suficientes".

La juez Sanhahuja propugna como única alternativa a esta ley poner en marcha los mecanismos que permitan la mediación entre las parejas, lo que supone en su opinión una revisión en profundidad de la norma, ya que el texto legal prohíbe de manera clara esta fórmula.

"Mediación, ésta es la palabra clave. Hay muchos países europeos que hace años han apostado por la mediación como fórmula prioritaria para resolver los problemas domésticos. El problema es que la puesta en marcha de los órganos de mediación suponen aparentemente más gasto que la fórmula arbitrada ahora, pero a la larga el costo económico es mayor. Hace falta un órgano para la mediación dependiente de Justicia o Bienestar Social", propone la juez.

María Sanahuja avala la potenciación de la mediación con la estadística. La mediación familiar funciona en Europa desde hace 10 años y en América desde hace 25. Los índices de acuerdo llegan a ser casi del 80%. Cualquier solución que trate de resolver el problema de la violencia doméstica sin tener en cuenta la mediación está abocada al fracaso.

"Con esta ley hemos creado en los juzgados y en la policía unos problemas que no teníamos", insiste Sanahuja, al tiempo que defiende abrir un debate social sobre el tema que permita restablecer la primacía del sentido común en la redacción y aplicación de las leyes.