Aprobada la supresión de las tarifas reguladas de gas y electricidad a partir de 2008

El Consejo de Ministros aprobó ayer los anteproyectos de ley que trasponen las directivas europeas sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y el gas, que prevén la total liberalización de estos sectores y la desaparición de las tarifas reguladas.

Éstas desaparecerán en el año 2011 para la electricidad y en 2008 para el gas, si bien quedarán unas tarifas refugio o de último recurso. Estas tarifas se fijarán con el fin de asegurar el suministro a los consumidores más vulnerables, para lo que se creará la figura del suministrador de último recurso, que deberá atender, a un precio máximo establecido por el Gobierno (tarifa de último recurso), las solicitudes de suministro de aquellos consumidores que lo soliciten.

En la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que con estas iniciativas se persigue "proteger a los usuarios de abusos por parte de los operadores" y "garantizar la independencia en la gestión de las redes".

Con respecto al mercado eléctrico, para la adecuación a los intereses generales, se diferencia la función de operador del sistema y gestor del transporte realizada por Red Eléctrica de España del resto de actividades. En cuanto al gas, Enagas, el gestor técnico del sistema, dejará de suministrar gas y deberá separar las actividades que realiza como gestor del conjunto del sistema de aquellas que desempeña como transportista y gestor de su red.

Se refuerza la independencia de esta empresa en su papel de gestor técnico del sistema gasista español, pues para ejercer estas funciones tendrá que crear una unidad orgánica específica encargada de la gestión técnica del sistema y así lo recogerá en sus estatutos. Además, se prohíbe a cualquier empresa que controle directa o indirectamente más del 5% del capital de la compañía y se limitan los derechos políticos al 3%.

Los anteproyectos, que ahora serán remitidos a las Cortes generales para su debate parlamentario, suponen el cumplimiento de la obligación de trasladar al ordenamiento jurídico las directivas europeas.