Las academias militares se adscribirán a las universidades y darán títulos civiles

La retirada de la estatua de Franco de la Academia General Militar de Zaragoza, principal centro docente del Ejército de Tierra, vendrá acompañada antes de que acabe septiembre por una medida de mucho más calado: la remisión a las Cortes de la Ley de la Carrera Militar, cuya principal novedad es una profunda reforma de la enseñanza militar pendiente desde la transición. Las academias militares contarán con centros adscritos a las universidades públicas e impartirán títulos de grado válidos en la vida civil. Se trata de que un artillero, por ejemplo, vea reconocida su formación técnica.

El propósito del Ministerio de Defensa es que las tres academias militares cuenten con centros universitarios adscritos a las universidades públicas más próximas: la Academia General Militar a la Universidad de Zaragoza; la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) a la de Vigo o Santiago; y la Academia del Aire de San Javier a la de Murcia o Cartagena.

Para ello será necesario que las consejerías de Educación de las comunidades autónomas de Aragón, Galicia y Murcia aprueben los expedientes de adscripción, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

Los estudios universitarios se cursarán en el centro adscrito, que tendrá un cuadro de profesores propio. Al licenciarse, alféreces y cadetes recibirán una doble titulación: la militar (que acredita su condición de oficiales de las Fuerzas Armadas) y la civil, consistente en un título de grado (nomenclatura que sustituye a diplomaturas y licenciaturas en la nueva ordenación de los estudios universitarios diseñada en el Acuerdo de Bolonia de la UE) de los incluidos en el catálogo oficial.

Actualmente, los oficiales de los cuerpos generales de los tres ejércitos tienen un título "equivalente" al de licenciado pero, en la práctica, sin utilidad alguna fuera de las Fuerzas Armadas.

Universidad de Defensa

La fórmula de los centros universitarios adscritos ha sustituido en el anteproyecto de Ley de la Carrera Militar elaborado por el ministro José Antonio Alonso a la Universidad de la Defensa, que figuraba en el texto impulsado por su antecesor, José Bono.

Esta idea tropezó con la oposición del Ministerio de Educación, inmerso en la negociación de la nueva Ley Orgánica de Universidad, y de los rectores, que llegaron a advertir de que la creación de una universidad dependiente de un Ministerio podría ser contraria al principio de autonomía universitaria consagrado por la Constitución. De hecho, sólo hay dos universidades de ámbito estatal, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la de Educación a Distancia, y la creación de una nueva debería contar con el informe previo, aunque no vinculante, del Consejo de Coordinación Universitaria, en el que se sientan comunidades autónomas y rectores.

Los cuarteles generales también se resistieron al proyecto, especialmente la Armada, temerosa de que la creación de un campus en Madrid común para los tres ejércitos derivase hacia Tierra o Aire a los ya escasos aspirante a marino. De hecho, se preveía que los futuros militares estudiasen uno o dos años como máximo en la Universidad de la Defensa y el resto en las respectivas academias militares.

Una última razón, no menor, es la económica. Se estima que la construcción de la nueva universidad costaría unos 100 millones de euros y las instalaciones no estarían listas hasta 2010. Supuestamente, la puesta en marcha de los centros universitarios adscritos debe ser más rápida, más económica (al utilizar las propias academias) y tropezar con menos problemas políticos.

Fuentes de Defensa subrayan que, más allá de la fórmula, lo importante para el ministro José Antonio Alonso es el objetivo: la integración de la enseñanza militar en el sistema educativo general. Lo que supone contar con universidades y comunidades autónomas.