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La patronal de locales de ocio aconseja no invertir en zonas para fumadores

La Generalitat insiste en que no habrá prórroga para aplicar la ley

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades Recreativas Musicales (Fecasarm), que agrupa a unos 400 locales, desaconseja al colectivo invertir en la creación de zonas para fumadores en sus establecimientos porque cree que la ley antitabaco "se endurecerá". El 1 de septiembre no se podrá fumar en los locales que no hayan separado con tabiques sus zonas para no fumadores.

El portavoz de la federación, Joaquim Boada, dijo: "Dentro de poco no estará permitido fumar en ningún lugar cerrado, tal como ocurre en Italia o Irlanda, en la línea de Estados Unidos". Boada extrajo esta conclusión después de reunirse con la presidenta de la comisión de Sanidad del Congreso, Isabel Pozuelo (PSOE).

La Fecasarm afirma que "hay locales que deben invertir más de 600.000 euros en las reformas". El representante del gremio consideró que los empresarios que realicen reformas para cumplir con la normativa "se tendrán que comer con patatas la obra" porque con la modificación de la ley no les servirá para nada. Boada consideró "normal que más del 90% de locales no hayan realizado ninguna reforma", y pidió para Cataluña el mismo trato que en otras comunidades -por ejemplo, Valencia y Madrid-, donde el Gobierno del PP permite la separación de zonas de fumadores a través de cortinas de aire y biombos, por lo que no es necesario realizar obras importantes. El Ministerio de Sanidad ha impugnado esta resolución.

La consejera de Sanidad, Marina Geli, afirmó ayer que la Generalitat no considera pertinente conceder una nueva moratoria más allá del 1 de septiembre para la adaptación de los locales de ocio. La ley antitabaco se aprobó en diciembre de 2005 y los establecimientos han tenido un plazo de gracia de ocho meses para cumplirla. "Aún estamos haciendo esfuerzos para adecuarnos a la normativa ambiental de hace ocho años, que controla la emisión de ruidos entre otras cosas, y cuyo plazo acaba en enero de 2007. ¿Cómo quieren que en tan sólo ocho meses cumplamos la nueva ley?", se quejó Boada, quien añadió que no hay tiempo de pedir permisos de obras a los ayuntamientos, y menos para llevarlas a cabo.

El portavoz de CiU en la comisión de Sanidad en el Congreso, Jordi Xuclà, dijo ayer que la ley debe cumplirse, si bien criticó "el desorden entre comunidades" en su aplicación y la "falta de liderazgo" del Ministerio de Sanidad, que, según dijo, "ha estado de vacaciones sin llevar a cabo ninguna coordinación".

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