500 menores en busca de un futuro mejor

La Generalitat se hará cargo de una decena de menores subsaharianos del total de 700 llegados con cayucos a Canarias en los últimos meses. Será la primera ocasión en que el Gobierno catalán afrontará la tutela de niños procedentes del África negra, pues más del 80% de los menores a los que asiste normalmente son marroquíes. Pero con independencia del origen o la edad, el objetivo final de la Administración siempre es el mismo: conseguir la repatriación de los menores a su país. En el caso de los subsaharianos, la Generalitat se topará con un problema añadido, la inexistencia de convenios bilaterales con España, lo que dificulta la colaboración de las autoridades locales, imprescindible para averiguar las condiciones familiares y sociales del niño y, sobre todo, su identidad, porque sólo si el niño dispone de familia en su país de origen, su Gobierno aceptará el retorno. De lo contrario, se desentenderá de una responsabilidad que únicamente le acarrea más gastos.

Las primeras repatriaciones se efectuaron a finales de 2002, todas ellas a Marruecos, con el Gobierno de Convergència i Unió, cuando la Dirección General de Atención a la Infancia pasó a depender del Departamento de Bienestar y Familia. Antes estaba en manos del Departamento de Justicia. La anteriores consejeras, Núria de Gispert e Irene Rigau, recuerdan las innumerables negociaciones con las autoridades marroquíes para convencerles de que debían hacerse cargo de los menores. Finalmente, el Gobierno marroquí aceptó el retorno de los niños, pero fijó dos condiciones: que no fueran niños huérfanos y, por tanto, pudieran regresar con sus familias, y que el Ejecutivo del Partido Popular incrementara sustancialmente las ayudas a Marruecos.

Hasta entonces, las autoridades marroquíes rechazaron sistemáticamente cualquier propuesta de la Generalitat y entorpecieron la aplicación de los convenios firmados, comenta De Gispert. Por ejemplo, el Gobierno catalán se comprometió a construir en Casablanca un centro de acogida de menores y a proporcionarles empleo en Cataluña una vez alcanzada la mayoría de edad. Ni por esas. "Sólo conseguimos una experiencia piloto para retornar a 15 menores y el compromiso de seguir colaborando", añade De Gispert. También fallaron otras alternativas. CiU destinó 126.000 euros en ayudas para que familias marroquíes afincadas en Cataluña adoptaran a niños de la misma nacionalidad. Ni una solicitud.

Rigau y De Gispert, como también la republicana Anna Simó, consejera de Bienestar y Familia con el tripartito, comentan que muchos chavales marroquíes se presentaban ante la Dirección General de Atención a la Infancia con un papelito entre manos con la dirección exacta de la oficina. Pero eluden sacar conclusiones precipitadas de este comportamiento. "Todos ellos pasaron el estrecho [de Gibraltar] en los bajos de un camión", relata Rigau.

El camino estaba allanado, y el tripartito de izquierdas continuó con las repatriaciones, aunque la convergente Irene Rigau recuerda que los partidos de izquierda se oponían en un principio al retorno de los menores a su país. Simó cambió la política de sus predecesoras y sentó las bases de una mayor colaboración con el régimen marroquí. Su primera medida fue ubicar a los menores inmigrantes en centros de acogida junto a niños autóctonos de su edad, porque CiU les mantenía separados hasta que la Generalitat consiguiera la tutela.

"Me encontré con una política que sólo afrontaba el problema en Cataluña, pero no de raíz", manifiesta Anna Simó. Los republicanos incrementaron en 50 las plazas de acogida y crearon dos centros de 24 horas. Ahora la Generalitat dispone de 200 plazas de primera acogida -centros en los cuales el inmigrante pasa una etapa inicial- y otras 2.000 plazas permanentes.

En los dos años al frente de Bienestar y Familia, Simó puso en marcha el programa Barcelona-Tánger, una solución "no paliativa sino integral" para dar una salida laboral a los menores repatriados. El programa persigue la reinserción de los niños a través de convenios con empresas catalanas instaladas en el norte de Marruecos y con la participación de diversas organizaciones no gubernamentales que actúan en la zona. Así, el Gobierno catalán construirá un centro de formación laboral en Tánger y después una empresa les proporcionará un contrato de aprendizaje. "De esta manera", añade Simó, "los chavales volverán a Marruecos con un contrato bajo el brazo, pues la edad laboral empieza a los 14 años".

Por primera vez, un programa de este tipo dispondrá de una subvención de la Unión Europea, que ha donado a la Generalitat un millón de euros, la mitad del coste total.

Simó admite que ningún Gobierno dispone de una solución mágica para este problema, pero señala que cuando su departamento empezó a tratar a los menores de "forma individualizada" -es decir, consiguiendo su repatriación a medio o largo plazo-, se frenó el efecto llamada. En cualquier caso, todos los años llegan a Cataluña una media de 500 menores en busca de un mejor futuro, y su única salida es deambular por la calle o ponerse en manos de la Generalitat.