La Junta investiga si las empresas evaluaron los riesgos en la obra del metro sobre la SE-30

La gigantesca viga de hormigón que cayó el miércoles sobre la autovía de circunvalación SE-30 se retiró en la madrugada de ayer, pero el malestar de la Junta con las empresas concesionarias de la línea 1 de metro de Sevilla no para de crecer. Los directivos de Dragados, Sacyr y GEA 21 pidieron a la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, 48 horas más para presentar un informe sobre las causas del accidente, aunque adelantaron que la viga pudo caer por un fallo en el proceso de colocación. Gutiérrez anunció que ha encargado una auditoría sobre la evaluación de riesgos de la obra que hicieron las empresas.

Gutiérrez convocó ayer a los máximos responsables en Andalucía de Dragados, Sacyr y GEA 21 para que dieran una explicación sobre la caída de una de las dos vigas de hormigón que iban a soportar un tramo del paso de la línea 1 de metro sobre la SE-30, en las cercanías de la universidad Pablo de la Olavide. Los trabajos para retirar esta viga, de 100 toneladas de peso, y la que quedó apoyada sobre los pilares, también con problemas de estabilidad, obligaron al uso de tres grúas. El tráfico se restableció a las 6.00 de ayer, 15 horas después del accidente.

"Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños a las personas ni a propiedades de terceros, sólo unos desperfectos en la autovía", indicó la consejera de Obras Públicas, quien resaltó en varias ocasiones la gravedad del siniestro. Y no dudó en nombrar, hasta en nueve ocasiones, a los responsables del accidente: "Dragados, Sacyr y GEA 21", las constructoras que encabezan la concesionaria de la línea 1 del metro de Sevilla. "Esto tiene un coste económico que asumirán las empresas, pero es importante también que sea algo costoso desde el punto de vista de su credibilidad", dijo Gutiérrez.

"Yo misma les había insistido hasta la saciedad en que la seguridad era lo primero", recalcó la consejera, quien leyó a los periodistas la exigencia habitual de Ferrocarriles Andaluces (el ente autonómico que gestiona los servicios ferroviarios y metropolitanos) en sus comunicaciones a las constructoras de la concesionaria: "Les reiteramos la instrucción de extremar y primar su atención en materia de seguridad (...), con particular intensidad en aquellas actuaciones que pudieran afectar a la seguridad e integridad física de personas y edificaciones".

El malestar de Obras Públicas es mayor aún porque la seguridad ha sido el argumento básico de Gutiérrez para justificar los retrasos (dos años) y las modificaciones presupuestarias (unos 30 millones sobre los 428 iniciales) de la primera línea de metro que se construye en Andalucía. Y la caída de una viga sobre una autovía en la que circulaban vehículos hasta unos minutos antes pone en entredicho de forma contundente esa línea argumental.

"Mi responsabilidad es estar hoy aquí, es exigir a las empresas el cumplimiento de lo que tienen que hacer, de lo que hay contratado y es exigir que se identifiquen las causas del accidente", sostuvo Gutiérrez cuando se le inquirió sobre si la Junta, como supervisora de la concesión, no tenía también alguna responsabilidad.

La consejera, que interrumpió sus vacaciones en Londres para convocar la reunión con las empresas y la posterior conferencia de prensa, indicó que los directivos de Dragados, Sacyr y GEA 21 le habían comunicado las conclusiones de un informe provisional, que apuntan a "un fallo en el procedimiento constructivo empleado". El presidente de Ferrocarriles Andaluces, Teófilo Serrano, añadió que la caída pudo deberse a un fallo en el proceso de colocación de la viga, y que, en principio, se habían descartado problemas en el diseño de los materiales o en el proyecto constructivo. Serrano insistió en que eran las "conclusiones preliminares" de la empresa y que para elaborar el informe definitivo habían solicitado 48 horas más, "un plazo razonable".

Críticas de la oposición

La Consejería ha ordenado a la concesionaria que revise las condiciones de estabilidad de los otros dos pasos de la línea de metro ya construidos (los viaductos sobre la autovía en Coria y sobre el Guadaira). Además, ha encargado a la auditoría que ya analizaba la actuación de la concesionaria en los tramos que debe horadar la tuneladora (los que acumulan más retrasos) un nuevo informe para valorar si las empresas realizaron un análisis de riesgos adecuado al afrontar esta obra.

Gutiérrez dio mucha importancia a los resultados de esta auditoría para que la Junta haga uso "de las posibilidades que da el ordenamiento jurídico" ante las actuaciones de las empresas, aspecto en el que eludió profundizar más. Esa auditoría estará lista "en 15 o 20 días", según la consejera, quien aseguró que pedirá comparecer en el Parlamento andaluz para explicar el accidente, pero que no lo hará por el trámite de urgencia para poder contar con las conclusiones de la auditoría. Sí se reunirá antes (el próximo martes) con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para trasladarle las primeras impresiones sobre las causas del accidente.

El PP y el PA criticaron ayer la postura de la consejera y reclamaron la convocatoria urgente de la diputación permanente del Parlamento. "No ha habido una tragedia de milagro, en el metro ha habido descoordinación, improvisación permanente y problemas continuos", censuró el portavoz parlamentario del PP, Antonio Sanz. "La Junta debe asumir la responsabilidad de que su proyecto más importante está fracasando", añadió la portavoz andalucista, Pilar González. "No es un problema político, sino un error técnico de la empresa", discrepó Antonio Romero, parlamentario de IU.