No lo compliquen más

Ya se ha afirmado con reiteración que la migración clandestina es un problema de muy difícil solución a corto o medio plazo. Ahora bien, resulta sencillo complicarlo más si cabe. En las últimas horas estamos asistiendo a discutibles acciones de altos funcionarios -si se exceptúa el viaje del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Senegal- junto a gestos de demagogia del PP, que acusa al Gobierno de enviar ilegales a comunidades autónomas gobernadas por el primer partido de la oposición. Socialistas y populares deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y buscar una política de consenso sobre el drama de la avalancha de subsaharianos en Canarias.

Que cerca de medio centenar de indocumentados lleguen a Barcelona trasladados en avión desde el archipiélago y sean luego abandonados a su suerte sin atender los protocolos al respecto no ofrece precisamente una imagen de que las cosas se estén haciendo de forma ordenada. El Gobierno catalán ha protestado y exigido que no se envíen más personas sin aviso previo ni garantía de tutela porque crea alarma social e indefensión entre los propios inmigrantes. Tal vez haya sido un caso aislado fruto de la insoportable presión que se vive en los centros canarios, pero eso no impide que sea criticable. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, asegura que la redistribución de indocumentados se está efectuando con transparencia, pero no estaría de más que el Gobierno hiciera públicos los datos actualizados de traslados o repatriaciones, aunque sólo sea para despejar cualquier acusación de oscurantismo.

Son irresponsables y demagógicas las manifestaciones del diputado popular Arias Cañete y de representantes regionales de su partido al insinuar que la distribución de clandestinos a comunidades gobernadas por el PP obedece a un acto deliberado del Gobierno para poner en dificultades su gestión. Olvidan que los sin papeles no pueden ser trasladados a ciudades que carezcan de infraestructuras adecuadas para acogerlos. Los populares no pueden sentirse muy ufanos de su política migratoria cuando estuvieron al frente del Gobierno de la nación. Hicieron masivos traslados sin ningún tipo de aviso y en sus primeros tiempos incurrieron en algún caso de violación de derechos humanos.

Abordar el drama desde la óptica de un equilibrio de reparto regional es muy peligroso. No sólo da pie a eventuales agravios comparativos sino que, además, puede suscitar la insolidaridad regional sobre un problema que es de todos, no sólo canario. Es urgente estudiar medidas que atenúen algo la crisis, como son la revisión de los plazos de estancia en los centros de internamiento o estudiar fórmulas para distribuir a otras regiones los menores llegados a Canarias, así como la dotación de más medios policiales y administrativos. Las dos patrulleras y el helicóptero que España pondrá a disposición de Senegal para la vigilancia de sus aguas parecen insuficientes. Aunque son mejor que nada. Los medios dotados antes a Mauritania dieron algo de fruto. Respecto a la Unión Europea, resulta por desgracia evidente que la cooperación y la solidaridad viajan en tren de baja velocidad.