La Generalitat catalana proyecta crear su propio cuerpo de inspectores de Hacienda

El Gobierno catalán calienta ya motores para el despliegue del Estatuto, que tanta polvareda levantó en el pasado curso político y que entró en vigor hace casi dos semanas. Y una de las primeras medidas que quiere impulsar es la ley por la que se pondrá en marcha la prevista Agencia Tributaria de Cataluña. El anteproyecto de esta ley, ya distribuido a los grupos políticos, incluye la creación de un cuerpo de inspección y técnica tributaria propio, que dependerá de la agencia catalana y que, según la Generalitat, también participará en la inspección y comprobación de impuestos compartidos con el Estado, como el IRPF. Lo hará siempre en coordinación con la agencia estatal para evitar "duplicidades".

El anteproyecto de ley, cuyo carácter técnico no augura grandes batallas políticas entre los partidos catalanes para su aprobación, otorga a la agencia catalana personalidad jurídica y autonomía de gestión. Y le da competencias para organizarse con su propio personal. El texto, que no podrá aprobarse en el Parlamento autónomo antes de noviembre por las elecciones catalanas, recoge a grandes trazos lo que dice el Estatuto sobre la nueva agencia.

Así, es muy claro en sus preceptos sobre los impuestos propios de la Generalitat -por ejemplo, el que grava a las grandes superficies- y también sobre aquellos tributos que le ha cedido plenamente el Estado -como el de sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales-. La gestión, liquidación, recaudación y también la inspección de unos y otros corresponderán a la agencia catalana.

Texto abierto

Sin embargo, el Estatuto es un texto más abierto cuando se trata de los grandes impuestos estatales como el IRPF, que grava la renta de las personas físicas; el IVA, que grava el consumo; o los especiales.

En su artículo 204, el Estatuto afirma que será la Agencia Tributaria estatal quien gestione, recaude, liquide e inspeccione "el resto de impuestos del Estado recaudados en Cataluña". Pero el texto añade que esta atribución al Estado se realizará "sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir y sin perjuicio de la colaboración que se pueda establecer, especialmente cuando lo exija la naturaleza del tributo".

La creación de un cuerpo propio de inspectores enlaza con este añadido. Está previsto que, en dos años, la agencia autonómica y estatal constituyan un consorcio que evite la fragmentación tributaria en Cataluña y que permita a la agencia catalana participar en la gestión del IRPF, IVA y especiales. La Generalitat y el grueso de los partidos catalanes dan por hecho que esta participación incluye coparticipar en tareas como la recaudación o la inspección. Pero el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha declarado que este consorcio no tendrá capacidad recaudatoria y que sería un mero "órgano colegiado mixto", "donde se tomarán las grandes decisiones", sólo en materia de IRPF.

"Con lo que dijo Pedroche no hay bastante. Queremos participar activamente. No vale sólo con integrar en nuestra agencia al personal de inspección tributaria que ya trabaja hoy para la Generalitat centrada en los tributos cedidos y en los impuestos propios. Sino que el nuevo Cuerpo de inspectores (se proyecta de un centenar) también abordará los impuestos compartidos. Empezaremos por el IRPF, el más fácil de territorializar", explica Joan Costa, director del Programa para la Reforma de la Administración Tributaria de Cataluña. El anteproyecto de ley también crea un Cuerpo Técnico de Valoración Tributaria, centrado en la valoración de patrimonios.

"Cuando exista el consorcio será necesario un plan de inspección para evitar duplicidades en su ejecución y que nuestros inspectores y los de la Agencia Tributaria no investiguen lo mismo", añade Costa. Según el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, el vicepresidente Pedro Solbes "coincide" con la postura del Gobierno catalán.