De "eutanasia masiva" a sólo 15 dudas

Todo comenzó en marzo de 2005 con la destitución de Luis Montes, coordinador de Urgencias del Severo Ochoa. Una denuncia anónima apuntaba "una práctica de eutanasia masiva", de la que se llegó a señalar 400 casos de supuestos homicidios. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio credibilidad a estas acusaciones y destituyó a la cúpula entera del hospital. El informe elaborado por los servicios de inspección de Sanidad de la Comunidad señaló irregularidades administrativas, pero no pudo establecer que existiera una mala praxis médica, contraria a la ética profesional, en el tratamiento de los enfermos.

Dos meses más tarde, Lamela presentó un informe en el que cifraba ya en sólo 73 las sedaciones irregulares que se realizaron en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. A través de este estudio, el consejero veía indicios de responsabilidad penal en los médicos de Leganés. Los representantes de personal del hospital calificaron el informe de "irreal", "carente de rigor", "tendencioso" y "seudocientífico". La Fiscalía de Madrid cribó los 73 casos y consideró que únicamente quedaban por investigar 16 sedaciones en pacientes en fase terminal, lo que no significaba que hubiera irregularidades en estos casos.

Un juez de Leganés archivó, por "falta absoluta de indicios", una querella por supuesto homicidio imprudente presentada por la familia de un paciente, de 78 años, que ingresó en situación agónica terminal en 2003 y falleció horas después. Sanidad había considerado este caso como uno de los más claros de sedación contraindicada.

En junio de este año, un juez ordenó al director del centro que le facilitara los datos de los médicos que aplicaron sedaciones a 15 pacientes terminales para citarlos como imputados. A mediados de septiembre, estos facultativos comenzarán a declarar.