El Gobierno sigue aún sin determinar qué empresas deben elaborar planes de igualdad

El Gobierno acumula ya un retraso de seis meses sobre el plazo que fija la ley de Igualdad, aprobada en febrero del año pasado, para determinar qué empresas estarán obligadas a elaborar en su seno planes de igualdad, qué contenidos tendrán y cuáles serán sus mecanismos de evaluación. El Ejecutivo se escuda para justificar este retraso en que la ley de Igualdad elaborada a su vez por el Gobierno central se encuentra todavía pendiente de debate en el Congreso. La oposición replica que esta explicación es una simple excusa y que, de ser realmente ése el motivo, si se aplicara como criterio a la integridad de la norma vasca, todo su desarrollo podría verse paralizado.

La ley de Igualdad, que entró en vigor el 19 de febrero de 2005, fija en su disposición final novena un plazo de un año para que el Gobierno reglamente qué empresas de la comunidad autónoma estarán obligadas a elaborar y ejecutar planes o programas de igualdad entre hombres y mujeres, así como sus contenidos mínimos y los mecanismos para su seguimiento y evaluación. Ese plazo se cumplió hace casi medio año, sin que el Ejecutivo haya aprobado todavía ningún acuerdo en esa materia.

El Gobierno, que se ha enorgullecido repetidamente del carácter adelantado de la ley vasca, defendida por el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, cuando fue aprobada como "el mayor logro" de su mandato, asegura ahora que se halla a la espera de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este texto también prevé la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas. Así, la intención del Ejecutivo vasco es "hacer coincidir en el tiempo ambas regulaciones".

"Podrían aplicar este criterio siempre y con todas las leyes, porque no suele ser la práctica habitual", ironiza el socialista Miguel Buen, en referencia a los numerosos conflictos que jalonan las relaciones entre ambas administraciones. "Nos choca y nos suena a excusa, ya que por esa regla de tres lo paras todo y esperas a que se aplique con carácter general en el resto del Estado. En ese argumento puedes paralizar el desarrollo entero de la ley vasca. ¿Para qué la hizo entonces el Gobierno vasco, si ya se sabía que el central iba a hacer otra, abordando éstas y otras cuestiones?", agrega.

Guía

El responsable socialista recibe de forma "agridulce" el planteamiento del Ejecutivo, y declara "bienvenido" el retraso, "si se trata de asumir las bondades de la ley del Gobierno central, mucho más integral" y de coordinar actuaciones.

El resto de los decretos de desarrollo de la ley vasca de Igualdad quedaron también pendientes de desarrollo al término del pasado curso político. Unos se hallan sin elaborar y otros esperan el preceptivo visto bueno de la Comisión Jurídica Asesora, dependiente de Vicelehendakaritza.

El único de los compromisos incluidos en el texto legal que se ha cumplido más o menos dentro de plazo ha sido la puesta en marcha de la Defensoría para la Igualdad, con el nombramiento en mayo de Maite Erro a su frente. Con todo, la ley fijaba también para ese nombramiento un plazo de un año (disposición adicional segunda), con lo que la elección de Erro llegó con tres meses de retraso.

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, ha puesto también en circulación una guía para orientar a las empresas de la comunidad autónoma sobre cómo fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. La guía ofrece consejos, identifica obstáculos y permite a los responsables empresariales realizar una especie de autoevaluación en esta materia en el interior de sus compañías. En su elaboración participaron diez empresas colaboradoras de Emakunde y se han difundido 5.000 ejemplares.

El Ejecutivo reconoce ahora en una respuesta de la directora de Emakunde, Izaskun Moyua, a una petición de información del PSE que seis meses después de cumplido el plazo, no ha adoptado ningún acuerdo para cumplir la disposición final novena de la ley, en desarrollo de su artículo 40.

Dicho artículo señala que tanto las empresas participadas mayoritariamente por capital público como las privadas en función de su plantilla o de otros criterios que se reglamenten tendrán la obligación de elaborar planes que incluyan "medidas concretas y efectivas" para promover la igualdad, tanto en su funcionamiento interno como en su actividad hacia el exterior.

El Gobierno debería haber fijado ya también los contenidos mínimos obligatorios de dichos planes, de los que queda expresamente excluido el ámbito de las relaciones laborales.

La ley deja además en manos de Emakunde el establecimiento de ayudas a las empresas para la contratación de especialistas, condicionadas a la elaboración de un informe de impacto sobre su utilización.

Todo ello queda ahora pendiente de la ley orgánica que se tramita en el Congreso, que resulta menos tajante en este aspecto, ya que no obliga a "elaborar" planes de igualdad en las empresas, sino sólo a "negociarlos", lo que significa que podrían no alcanzarse acuerdos para su realización. Las empresas concernidas serán en este caso las que cuentan con más de 250 empleados.

El Gobierno vasco asegura que se trata sólo de que "las actuaciones que se lleven a cabo desde la comunidad autónoma y desde el Estado se complementen y se vean mutuamente enriquecidas". Y todo ello como medio de posibilitar "una intervención más integral, coordinada y eficaz", según la respuesta de la directora de Emakunde al PSE.