Defensa quiere que los militares que luchen contra el fuego sean "agentes de la autoridad"

El Gobierno ha movilizado a 1.600 militares para frenar los incendios forestales que calcinan Galicia desde el 4 de agosto. Pero, para decepción de los vecinos, los soldados no se enfrentan a las llamas. Se limitan a tareas de apoyo, como abrir cortafuegos o patrullar los bosques. Apagar las llamas queda para las brigadas forestales y bomberos, que en su mayoría dependen de comunidades autónomas o ayuntamientos. "No se puede mandar a la gente a luchar contra el fuego sin formación especializada, por mucho valor y buena voluntad que tengan", se justifica un mando militar.

Lo cierto es que el Estado -más allá de los hidroaviones apagafuegos o botijos, que opera el Grupo 43 del Ejército del Aire- carece de un instrumento potente para luchar contra esta plaga. Tras la tragedia de Guadalajara, que se cobró la vida de 11 agentes forestales, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero encargó al entonces ministro de Defensa, José Bono, que cubriera este vacío. El resultado fue la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada por un acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, aunque no estará operativa, al 50% de su plantilla, hasta el próximo verano.

Con 4.310 militares y un presupuesto de 735 millones de euros en tres años, a los que hay que sumar otros 900 para comprar diez hidroaviones y 19 helicópteros, la UME es el mayor esfuerzo realizado nunca en España para crear un cuerpo de protección civil. La paradoja es que este cuerpo tendrá carácter militar, a pesar de que la ley de Protección Civil de 1985 atribuye a las Fuerzas Armadas un papel subsidiario y de que aún se sigue polemizando sobre la naturaleza militar de la Guardia Civil.

Reacción rápida

"¿Por qué una unidad militar?", se pregunta el informe del Ministerio de Defensa que sirvió de base a la creación de la UME. "Porque las Fuerzas Armadas tienen una especial capacidad de disponibilidad y reacción rápida, de concentrar medios en poco tiempo, transporte masivo, infundir confianza a la población civil, afrontar situaciones de riesgo, oponerse a acciones hostiles, generar disuasión al poder actuar armada, permanecer sobre el terreno por tiempo indefinido y emplear todos los medios disponibles de las propias Fuerzas Armadas, incluido su armamento pesado", concluye el informe.

Hay cosas, sin embargo, que los militares no pueden hacer: obligar a los civiles a identificarse, impedirles el paso en un lugar público, ordenarles evacuar su casa o requisar temporalmente sus bienes. Todas estas acciones, necesarias en caso de emergencia, están reservadas a aquellos funcionarios que tienen el rango de "agentes de la autoridad". Por eso, el Ministerio de Defensa quiere que el futuro decreto que regule el funcionamiento de la UME otorgue a sus miembros tal condición.

Aunque su origen está en los incendios forestales, la UME deberá estar preparada para enfrentarse a grandes nevadas, inundaciones, terremotos, accidentes químicos y nucleares o cualquier otra misión que les encomiende el presidente del Gobierno.

Los primeros 224 componentes de la UME finalizaron el 21 de julio un curso de cinco de semanas en la localidad de San Clemente de Sasebas (Gerona). Tras el verano, habrá nuevas convocatorias, dirigidas a militares en activo, de forma que al acabar este año se disponga del 25% de la plantilla y el verano próximo se cuente ya con una compañía en cada una de las bases de despliegue para apoyar la campaña contra incendios. En mayo de 2008 debe alcanzarse la plena operatividad, pero el núcleo del cuartel general se instalará en la base de Torrejón en septiembre u octubre de este año.