La Fiscalía investigará en El Puerto si hay denuncias o lo pide el Tribunal de Cuentas
La fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Ángeles Ayuso, negó ayer la apertura de una investigación de oficio sobre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 1995 y 2000. Los partidos de la oposición PP, IU y PA habían pedido la intervención de la Fiscalía para que investigara si las anomalías reflejadas en el informe fiscalizador podían ser delictivas. Ayuso explicó que actuarán si reciben denuncias o si lo requiere el propio Tribunal de Cuentas.
En este sentido, la fiscal explicó que la Administración de Justicia cuenta con mecanismos propios: "El fiscal del Tribunal de Cuentas puede remitir a la Audiencia de Cádiz o a la Fiscalía Anticorrupción una copia de la auditoría, en caso de considerarlo necesario". Además, Ayuso recordó que "un partido [en referencia a Izquierda Unida] ha anunciado que denunciará el caso ante esta Fiscalía". Ayuso añadió que el informe del Tribunal de Cuentas no ha llegado a la Fiscalía ni por iniciativa particular ni judicial.
La fiscal aclaró que, en caso de recibir una denuncia de una formación política, su "obligación es investigar". "Pero eso no quiere decir necesariamente que se abran diligencias contra las personas responsables de las cuentas y hechos señalados en el informe del Tribunal de Cuentas". Ayuso añadió que el órgano fiscalizador del Estado puede "poner de manifiesto irregularidades administrativas que no necesariamente tienen que ser constitutivas de delito".
La auditoría a la que hace referencia la fiscal de Cádiz fue entregada la pasada semana al Ayuntamiento de El Puerto. El informe refleja anomalías contables del Consistorio y de las empresas municipales durante el mandato, con mayoría absoluta, del independiente Hernán Díaz Cortés, que el pasado mes fue condenado a siete años de inhabilitación en la designación sin concurso de un mando de la Policía Local.
El Tribunal de Cuentas reflejó que el Ayuntamiento concedió en exclusiva a dos empresas privadas, sin que mediara concurso público, obras por valor de 8,6 millones de euros, el 50% del total de las promovidas por el Consistorio.
Además, la empresa municipal de fomento económico tomó decisiones del ámbito competencial del pleno municipal y vendió terrenos públicos "sin promover la concurrencia".
Asimismo, la auditoría advierte de que la empresa municipal negoció con los terrenos destinados a un campo de golf en un proceso en el que "existió falta de transparencia".
Por su parte, la empresa de suelo y vivienda vendió promociones públicas a un precio superior al máximo establecido por ley y no publicitó sus ofertas inmobiliarias.
