Narbona acusa a la Comunidad Valenciana y Murcia de derrochar agua en plena sequía

En mitad de uno de los veranos más secos y con los pantanos en alarmante descenso -están al 46,8% de su capacidad, 15 puntos menos de la media de los últimos diez años y medio punto por debajo del año pasado, el más seco desde 1947-, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia se resisten a restringir el riego de parques y el uso de piscinas. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, denuncia a EL PAÍS la conducta de ambas comunidades autónomas, que presiden, respectivamente, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP. "La sequía la tenemos que gestionar desde todas las Administraciones", se queja la ministra, que lamenta el derroche no sólo en ambas comunidades. Narbona extiende su descontento: más del 80% de los regadíos españoles despilfarran agua.

Los embalses que abastecen a dos millones de personas en Murcia y Alicante se agotan

El 80% de los regadíos españoles despilfarran los recursos, asegura la ministra

La luz roja de alerta está justificada. La cuenca del Júcar se encuentra al 16% de su capacidad, y la del Segura al 13,9%, mientras que los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, desde los que se trasvasa el agua que beben dos millones de personas en Murcia y Alicante, ya vislumbran el límite: están al 10,7% de su volumen. Entre ambos pantanos sólo tienen 265 hectómetros cúbicos. Al llegar a 240 hectómetros, la ley impedirá realizar ningún otro trasvase.

La ministra no entiende cómo las comunidades que enarbolaron la bandera del Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno de José María Aznar se niegan ahora a arrimar el hombro ante la alarmante situación de los embalses. "Ni Murcia ni la Comunidad Valenciana han querido limitar el consumo de agua para casos no esenciales", critica. Este verano, los jardines están verdes y las piscinas abiertas en ambas comunidades, asegura la ministra.

No llueve, los embalses se secan, las ciudades no ahorran y el campo también lo nota. "El Gobierno ha tenido que restringir entre un 30% y un 60% el regadío del Júcar, Segura y Guadalquivir", afirma Narbona. Esa decisión provoca quejas, como la del sindicato de regantes del acueducto Tajo-Segura: "No es admisible que mientras todo el regadío se encuentra en una situación calamitosa, el resto de usos que son posteriores en la escala legal, como el industrial, turístico o recreativo, disfrute de agua con normalidad". "Se produce una perversión ilegal en el uso del agua, ya que mientras unos disfrutan de ella con normalidad, el regadío se queda totalmente seco", añaden los regantes.

No hay agua para regar y tampoco la habrá si los embalses de Entrepeñas y Buendía -de los que se están nutriendo los parques, las piscinas y los campos de golf de Valencia y Murcia este verano- continúan en precario.

Juan José Alcalá (PP), alcalde de Sacedón (Guadalajara), un pueblo de casi 2.000 habitantes junto al embalse de Entrepeñas, no está contento con el aspecto del pantano. Según su testimonio, "el Gobierno lleva desde finales de 2005 autorizando trasvases ilegales al Segura". Sostiene que las mediciones de los embalses de la cabecera del Tajo son incorrectas. Él sostiene que el nivel de agua ya es inferior a 240 hectómetros cúbicos, límite marcado por el plan de la Cuenca del Tajo de 1999 y ratificado por el Plan Hidrológico del Gobierno del PP en 2001 a partir del cual se impide trasvasar.

Medio Ambiente admite la escasez en la cabecera, pero sostiene que Entrepeñas y Buendía tienen aún 265 hectómetros. Alcalá pide una nueva batimetría, es decir, una medición de la capacidad actual de los embalses, porque "hace 40 años que se construyeron y se ha acumulado mucho barro en el fondo". Narbona acusa al alcalde de mentir. "Se hace una medición permanente", defiende, y asegura que "se ha hecho un uso de la cabecera del Tajo lo más estricto posible". Aunque reconoce que queda trabajo por hacer, Narbona afirma que el regadío en España "sólo es eficiente en un 15% o 20% del total". Se desperdicia mucha agua.

Narbona afirma que lo fundamental es que "se haga un uso responsable del agua y no se derroche en las localidades adonde llega desde el trasvase del Tajo". Y promete: "En dos años no habrá problemas de agua en el Levante". Será así gracias a las desaladoras, la apuesta de Medio Ambiente. El año pasado se pusieron en marcha cinco plantas en la costa mediterránea, pero en el futuro serán al menos 26. Tres fueron adjudicadas el pasado 2 de agosto y garantizarán agua para 600.000 personas.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Regantes, Andrés del Campo, ve en el agua desalada un "complemento" para el regadío, pero dice que es imposible utilizarla en exclusiva. "Es muy cara", dice. No le falta razón. En las tres desaladoras aprobadas la pasada semana, el precio de mil litros de agua será de 30 céntimos de euro, según la empresa estatal Acuamed, mientras que la misma cantidad de agua trasvasada del Tajo al Segura cuesta 9 céntimos.

La ministra ya había pedido en reiteradas ocasiones a la Generalitat Valenciana y a Murcia que aplicaran medidas de ahorro. Desde Bruselas, el 28 de junio, la ministra exigió restricciones en determinados usos del agua para hacer frente a la escasez hídrica. Narbona apeló al sentido común para limitar el riego de jardines y campos de golf, así como el llenado de piscinas. El 5 de julio volvió a pedir a Murcia y Valencia que "se involucren de forma activa" en la gestión del ahorro del agua, informa Ezequiel Moltó.

La actitud del PP valenciano, embarcado en una cruzada contra la ministra y el Gobierno desde que se derogó el proyecto de trasvase del Ebro, consistió en arremeter contra la ministra al considerar sus manifestaciones "un ataque" a los intereses turísticos e inmobiliarios. Tanto desde el partido como desde el Gobierno que preside Francisco Camps se llegó a exigir a Narbona una rectificación pública de sus manifestaciones.

El último episodio de estos desencuentros se registró el 21 de julio pasado cuando la ministra, de visita a Alicante, recordó que el Gobierno "no tiene ninguna obligación" de ceder agua para cubrir necesidades de abastecimiento de las nuevas urbanizaciones si se ha advertido previamente de que no hay recursos hídricos disponibles.

En aquella ocasión la ministra volvió a recordar que el Consell, que preside Francisco Camps, no ha emitido ningún decreto para controlar los usos "no esenciales" del agua, como son el llenado de piscinas o el riego de jardines, medidas que sí se han adoptado en Andalucía, Cataluña o Madrid.