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Editorial:

Después del caos

La responsabilidad activa de los trabajadores de tierra de Iberia (y, por pasiva, de sus sindicatos), que se amotinaron hace hoy una semana en el aeropuerto de Barcelona, dejando en la cuneta a más de 100.000 personas, ha sido ya destacada. Ahora, los testimonios de los controladores aéreos y el informe de la Guardia Civil han detallado los graves riesgos para la seguridad aérea que esa ocupación implicaba, con decenas de aviones sobrevolando la zona sin poder aterrizar.

Pero también es insólito que los directivos de la compañía Iberia, para la que trabajaban los amotinados, no se hayan dignado ofrecer explicación alguna sobre decisiones que se han revelado erróneas y han influido en el desenlace. La oferta presentada por esa compañía al concurso para mantener la concesión de los trabajos en tierra (2.000 empleados) quedó la quinta de entre las ocho presentadas, y, según los expertos, era evidente que no podía ganar. A ese error de cálculo se unió una mala comunicación con los afectados, pues, según los sindicatos, se les hizo creer que el resultado del concurso les condenaba al paro, pasando por alto que el convenio del sector garantizaba la subrogación de contratos y que la propia empresa tenía la posibilidad -no ejercida hasta el mismo viernes- de pedir el autohandling (asistencia a los vuelos de la propia compañía), lo que equivalía a mantener el 75% de su plantilla en Barcelona.

Hubo también error o desidia en la forma de encarar la negociación, sin un responsable del nivel adecuado para tomar decisiones. Y la actuación de la empresa, sin informar ni asumir siquiera la obligación de dar un cepillo de dientes a quienes dejó en tierra, aumentó la sensación de abandono entre sus clientes.

Se ha criticado la ineficacia político-policial para obligar a los amotinados a abandonar las pistas. Aunque no se trata de un asunto de certeza matemática, se comprende la cautela con que actuaron los agentes, dadas las circunstancias: por el riesgo objetivo y porque no sólo se trataba de desalojar a los huelguistas, sino de hacerles volver a sus puestos, sin lo que la normalidad no podría recuperarse. La prevista comparecencia parlamentaria de los ministros de Interior y Fomento deberá aclarar si había alternativas realistas. Es cierto que el argumento de no intervenir para evitar males mayores puede interpretarse como una invitación a métodos radicales para garantizarse la impunidad. Pero la apertura de diligencias penales por parte de una juez es una garantía contra esa impunidad. En todo caso, nada tan disparatado como la sugerencia de CiU, en plena efervescencia preelectoral, de que la solución habría sido la intervención del Ejército.

El debate del miércoles en el Parlamento catalán derivó hacia la vieja cuestión de la competencia en la gestión del aeropuerto. Para el Gobierno es insensato mezclar este asunto con la reciente crisis. Para los partidos catalanes, una gestión de proximidad habría reducido los problemas. Replanteada en caliente, resulta una polémica sin salida razonable, al activar prejuicios y apriorismos sobre cuál sea el mejor modelo hipotético de gestión. Pero aún resulta más fuera de lugar que la oposición catalana acuse al Ejecutivo de la Generalitat de pasividad en un problema ante el que, hoy por hoy, carece de competencias efectivas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de agosto de 2006